El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas anunció que 24 personas detenidas por el caso Ayotzinapa fueron liberadas y acusó a un juez de obstaculizar la realización de la prueba para determinar si habían sido torturadas, desestimar pruebas y poner por encima de los derechos de las víctimas los de los posibles responsables, con lo que se logró su excarcelación.

Las 24 personas liberadas se desempañaban como policías municipales y fue el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura, quien ordenó su liberación "inmediata" y "absoluta" el sábado 14 de septiembre.

Esta resolución es una afrenta a los trabajos de investigación que desarrolla el Gobierno Federal a través de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

Encinas detalló que con estas últimas personas ya suman 77 liberadas de las 142 detenidas y advirtió que de cara al quinto año de los hechos ocurridos en Iguala el 25 y 26 de septiembre de 2014, "pueden otorgarse diversas libertades más".

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrirá proceso en contra de funcionarios que incumplieron sus “funciones” para esclarecer el caso Ayotzinapa.

El funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) se lanzó contra el Poder Judicial del país y afirmó que es necesario someterlo a "cambios profundos".

Encinas denunció que el juez se basó sólo en 44 de las 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones, desestimando las 63 restantes que fueron declaradas ilícitas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, al considerar que se violó el debido proceso.

Vídeo: declaración de Alejandro Encinas contra la liberación de presos por Caso Ayotzinapa.

El funcionario consideró que el impartidor de justicia utilizó criterios cuestionables, solicitando practicar el Protocolo de Estambul en 10 días “siendo materialmente imposible y negando otorgar una prórroga razonable para realizarla”.

Y consideró que con esta resolución se “sentó un grave precedente histórico, otorgando beneficios a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, con mera presunción, privilegiando el derechos de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia de las víctimas”.

El subsecretario reclamó que no se hayan tomado medidas en contra de quienes supuestamente cometieron tortura en contra de los detenidos.

Fue contundente al decir que esta medida "representa las inercias de lo más corrupto, incapaz y parcial del régimen anterior, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación".

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