Estamos en desacuerdo con la interpretación que hacen los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acerca de la inegibilidad del candidato al gobierno de Baja California, Jaime Bonilla, dado que se negaron a analizar los documentos apostillados, certificados y traducidos que al respecto entregamos.

En ellos se demuestra que, después de que a Bonilla le fue otorgado, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Certificado de Nacionalidad Mexicana, el 25 de Junio del 2012, el señor Bonilla siguió haciendo vida política electoral en Estados Unidos, violando en forma flagrante la Legislación Nacional de México, al registrar en EU su comité político electoral y al realizar las actividades financieras de éste durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

La negación a analizar las nuevas pruebas documentales, los integrantes de dicha sala la fundamentan en que “no era posible valorar en una segunda oportunidad y cuestionar por las mismas causas analizadas en un anterior momento”, lo cual es falso, dado que en la primera impugnación nuestros argumentos fueron desechados bajo la justificación de que los documentos de prueba no estaban apostillados.

Al respecto es pertinente aclarar que estos se referían a hechos distintos, en virtud de que en ese momento desconocíamos que después de que le fue entregado el Certificado de Nacionalidad mexicano, Jaime Bonilla seguía haciendo vida política electoral en Estados Unidos, por lo que el cuestionamiento de la segunda impugnación es distinto al de la primera, y la pruebas documentales ahora sí apostilladas, certificadas y traducidas, corresponden a un hecho distinto.

Sin embargo, y a pesar de esta diferencia, valoramos la definición del Tribunal Federal, al reconocer como periodo de gobierno el plazo de 2 años estipulado en la Constitución de Baja California y en la convocatoria emitida por las Autoridades Electorales del Estado.

Por ello, y con el ánimo de contribuir a la estabilización y gobernabilidad en el Estado, proponemos a la sociedad de Baja California y a los actores que han participado en este conflicto, que todos nos allanemos a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se abandone la ilegal pretensión de ampliar a 5 años el próximo periodo de gobierno en el Estado.

Hacemos lo anterior considerando que todos los integrantes de la sociedad debemos estar comprometidos con la generación de condiciones que permitan tener estabilidad, gobernabilidad y certidumbre, sin dejar de ver que si existe alguien que tiene una mayor responsabilidad en esta tarea es el propio gobierno, y en este caso su partido, que en los hechos es el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Nosotros estamos dispuestos a cumplir nuestra parte en el entendido que la contraparte política haga lo propio.
Allanarse a esta sentencia, consideramos, permitirá tener espacios para procesar diferencias y construir aquellos acuerdos que tengan como finalidad el bienestar de la sociedad.

En relación con lo anterior, de entrada informamos que mantendremos en suspenso todas aquellas acciones de resistencia que hemos venido preparando y organizando hacia las decisiones contrarias a la legalidad en el Estado, por parte de Jaime Bonilla y MORENA, tales como la Caravana de Tijuana a la Ciudad de México y la presentación de una diversidad de recursos jurídicos ante instancias nacionales e internacionales, esperando que MORENA se allane a la Sentencia del Tribunal Electoral de la Federación arriba citada y desista de la absurda pretensión de modificar por la vía de los hechos el periodo de gobierno de 2 a 5 años.

Todo esto con el propósito de que hagan un gobierno, ahora sí, apegado a la legalidad y sin otro fin que el provecho y bienestar de la sociedad de Baja California.

De no ser así, y si MORENA y su hasta hoy candidato electo insisten en violentar las normas estatales y federales, mediante artilugios legaloides que aunque producidos en Baja California tendrían nefastas consecuencias nacionales, les advertimos que desplegaremos el mayor de nuestros esfuerzos para impulsar un gran movimiento, con una Convocatoria Nacional en Defensa de la Legalidad, la Democracia y la Soberanía, utilizando todos los recursos jurídicos, y políticos a nuestro alcance.

Jaime Martínez Veloz.

Partido de la Revolución Democrática.