A través de un comunicado, Morena dio a conocer una iniciativa que busca medir la concentración de la riqueza de los mexicanos, al igual como se hace de la pobreza, con el objetivo de contar con un “Estado de Bienestar” que permita “asegurar derechos” para la población y evitar la desigualdad en las regiones.

La iniciativa presentada por Morena y firmada por su presidente Alfonso Ramírez Cuéllar, se basa en cinco cambios constitucionales, para lograr lo antes mencionado:

1. El concepto y propósito de “Estado de Bienestar”, debe quedar plasmado en la constitución, junto con los programas que le aseguren a los mexicanos sus derechos.

2. Medir la concentración de riqueza de los mexicanos a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual podrá “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”, lo último por medio del acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). A su vez, el INEGI deberá reportar lo encontrado, en un informe, cada dos años.

3. La progresividad fiscal, la cual "debe ser la base sobre la cual todos los mexicanos debemos de contribuir a los gastos del Estado y al financiamiento del Estado de Bienestar. La proporcionalidad y la equidad deben de dar paso a la justicia y a la progresividad que marquen las leyes", se explica en el comunicado.

Esta progresividad incluye a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud, así como lo gastos hechos por el Gobierno.

4. Integrar un Consejo Fiscal autónomo, dependiente del Congreso de la Unión, que mida y evalúe la calidad de ingresos y los gastos del Estado Mexicano, además de informar si éstos contribuyen a reducir la desigualdad entre regiones.

5. Darle mayor fortaleza a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para vigilar la “concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios básicos”.

“La Comisión de Competencia se le tienen que dar mayores facultades para exigir reparación de daños contra los consumidores, para medir la afectación de los niveles de bienestar que sufren los mexicanos y las regiones por la forma como se funciona en cada mercado, y para fortalecer la acción conjunta en el diseño de políticas que garanticen el acceso a los bienes y servicios con precios justos" se justifica en el documento.

El diálogo y el Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional tienen que reconstruirse. La magnitud de la emergencia económica y sanitaria así lo demanda. El punto de partida y el desenlace de las nuevas reglas de convivencia social es, sin lugar a duda, el tema del Bienestar. pic.twitter.com/WfdtgZrLv7

— Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) May 18, 2020

Por su parte, el político de Baja California, Jaime Martínez Veloz, consideró esta propuesta como algo “anticonstitucional, imprudente e irresponsable, es una medida que incrementa la desconfianza ciudadana en el Gobierno, aumenta la crispación social y profundiza la polarización de la vida pública”.

Con esto, Veloz sostiene su rechazo a esta iniciativa presentada por Morena, pues lo considera tan “descabellado” como la Ley Bonilla. “No existe ninguna viabilidad de que pudiera llevarse a cabo semejante despropósito”.

¿Qué opinas de la propuesta hecha por Morena?

Con información de El Financiero y Forbes.

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