Jaime Bonilla, en mala hora mini gobernador de Baja California por menos de 2 años, quiere el control de la Caseta de Playas de Tijuana para que sus amigos, con un largo historial de relaciones con la delincuencia organizada, controlen esa área estratégica para la seguridad nacional del país.

La Caseta está ubicada a menos de dos kilómetros de la Línea Internacional que divide a México de Estados Unidos.

Ese lugar es el último punto de revisión para impedir en lo posible el tráfico de drogas, armas, dinero y trata de personas: es un enorme negocio.

Instalado en el lugar giró instrucciones para que la Guardia Estatal, que es el nuevo nombre que le ha asignado a la antigua Policía del Estado, a la cual han regresado antiguos policías que estuvieron presos en el Penal de Almoloya por delitos relacionados con la delincuencia organizada, se encargara de la “seguridad” de ese estratégico punto, sobre la base de un “decreto estatal balín”, con el cual pretendía ejecutar la “expropiación” de un área bajo el reguardo federal.

Conociendo “como masca la Iguana”, El Gobierno Federal y El Ejercito mexicano, no se tardaron más de 12 horas, en recuperar tan importante área en la geopolítica de una región altamente compleja y de vital interés para la seguridad nacional.

Bonilla utilizó como pretexto para llevar esa acción un supuesto compromiso que, según él, estableció como candidato a gobernador, realizó durante su campaña política, y agrega que también fue dicho compromiso fue refrendado del Presidente de la República.

Toca la casualidad que al revisar la propuesta de los 100 compromisos que Bonilla estableció durante su pasada campaña electoral en Baja California, el supuesto compromiso de quitar la Caseta de Peaje de Playas no aparece por ningún lado.

Esa demanda de los habitantes de Playas de Tijuana es un viejo y justo reclamo, porque están hasta el copete de pagar por transitar dentro de la misma área en la que viven.

Para ello cabe señalar que en otros lugares de la República, con situaciones semejantes, se le han entregado tarjetas IAVE a cada una de las familias que viven en esas zonas que guardan similitudes con la problemática de los residentes de Playas de Tijuana.

Sería conveniente que Bonilla presentara una copia de los trámites que su gobierno ha realizado ante las autoridades federales, para resolver la situación de los habitantes de esta región, o la bitácora de las acciones realizadas para resolver la injusta situación que viven los habitantes de Playas de Tijuana. Lo más seguro es que no ha hecho nada por la vía legal.

Después de la acción ilegal realizada por el gringo Bonilla, se presentaron grupos de personas de otros municipios de Baja California, para agredir con tomates, globos de agua e insultos al personal encargado de los trabajos y tareas en la zona.

Ante esas acciones el Presidente López Obrador, el día de hoy, durante la conferencia mañanera, abordó este asunto: señaló que el gobierno federal ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad en contra de las pretensiones de Bonilla por hacerse del control de la Caseta de Peaje.

No obstante, su halago inicial, “de revolucionario a revolucionario”, lo cual debe ser reconocido por las aplaudidoras bases de eso que dicen que se llama la 4T, el camarada Presidente terminó por ponerle un “estate quieto” al camarada reclutado de las filas republicanas gringas, por violar la ley, y por el precedente qué significaría que un jumento (con perdón de los borriquitos) se hiciera justicia por su propia mano.

Lo bueno es que son amigos: eso ya nos quita un pendiente de encima.

El Presidente López Obrador antes ya ha expresado su molestia con los ingenieros: lo bueno que en este caso para Bonilla eso no es problema, porque, aunque él se autonombra ingeniero, en los hechos no tiene título, ni cedula profesional como tal, y ni siquiera estuvo registrado como alumno en la UNAM.

Además, dicen quienes los conocieron en su juventud que ni siquiera el bachillerato terminó. Incluso en la Maestría que dice tener en Administración, en Estados Unidos, se sabe que ahí se inscribió con un Titulo Patito que compró en la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México, en donde ofrecen la expedición del título que quieras por un módico precio.

Sin embargo, y a pesar de endulzar el lenguaje a su amigo, en conferencia de prensa de la mañanera, el titular del Ejecutivo federal indicó que él no está de acuerdo con este decreto que emitió el gobernador bajacaliforniano puesto que, ante el proceso electoral del próximo año, todos los gobernadores podrían sacar decretos similares o no cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

"Tenemos muy buena relación con el gobierno de Baja California. Es nuestro amigo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Viene con nosotros en la lucha. Lo estimamos mucho, pero en este caso no coincidimos con la decisión que tomó el gobernador de Baja California, nuestro amigo, porque consideramos que no se puede con un decreto de un gobierno estatal cancelar un derecho, una facultad que le corresponde al gobierno federal. Imagínense, si esto fuese así, ahora que vienen las elecciones, pues todos los gobernadores sacarían decretos para que no se cobrara en las casetas de Caminos y Puentes Federales (Capufe) o del sistema federal", afirmó el camarada Presidente.

Lo que queda claro es que quien dio la orden federal de cancelar este nuevo chanchullo de Bonilla para beneficiar a los integrantes de su pandilla no fue el secretario de la SCT, sino el propio Presidente de la República, en su papel de Comandante de las Fuerzas Armadas.

¿La pregunta es ahora que el propio Presidente afirmó ser el, como Titular del Ejecutivo quien ordenó la recuperación de la Caseta de Peaje y ser el responsable de interponer el recurso de inconstitucionalidad, Bonilla, también pedirá la renuncia del Presidente de la República, como lo hizo con el Secretario de la SCT?

¿Sus bravatas llegaran hasta allá?

Eso lo veremos en los próximos días

Cabe preguntar: ¿con amigos como Jaime Bonilla, el Presidente para qué quiere enemigos?