La organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, Human Rights Watch (HRW), reveló los resultados de una investigación donde detectó la violencia y extorsión por parte de la policía mexicana, agentes de inmigración y grupos criminales, contra los solicitantes de asilo enviados a México por el gobierno del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en enero de 2019.

En ese año, bajo el programa Permanecer en México, Trump envió a más de 71 mil solicitantes de asilo al país mexicano para esperar sus audiencias. Además, desde marzo de 2020, Estados Unidos ha expulsado a más de 400 mil migrantes, muchos de ellos a México, incluidos solicitantes de asilo a quienes se les negó la oportunidad de hacer sus reclamos, bajo restricciones de viaje supuestamente para prevenir la propagación del Covid-19.

De acuerdo con el artículo de HRW, entre septiembre y diciembre de 2020 entrevistaron a 71 venezolanos que estaban en esta situación de movilidad, mismos que dijeron que tenían miedo de denunciar delitos y abusos a las autoridades mexicanas y, con frecuencia, no podían obtener los documentos que necesitaban para trabajar, recibir atención médica o enviar a sus hijos a la escuela.

A su vez, casi la mitad de los solicitantes de asilo bajo el programa Permanecer en México perdieron sus casos después de faltar a las citas judiciales. Algunas de las familias que no asistieron a las citas judiciales le dijeron a HRW que esto se debió porque fueron secuestradas en México y otros porque fueron trasladados en autobús hacia el sur por el gobierno mexicano , dejándolos a miles de millas de sus lugares de audiencia.

Después de información recabada por parte de diferentes autoridades, organizaciones, migrantes y documentos; Human Rights Watch ha constatado sistemáticamente que los migrantes en México están expuestos a violaciones, secuestros, extorsiones, agresiones y traumas psicológicos.

Incluso casi la mitad de los entrevistados dijeron que la policía mexicana, agentes de inmigración o grupos criminales los atacaron para extorsionarlos. Otros más sostuvieron que agentes de inmigración o policías mexicanos los sacaron de los autobuses o de la fila en el aeropuerto y amenazaron con deportarlos si no pagaban un soborno. Algunos dijeron que los agentes los detuvieron y amenazaron con matarlos o entregarlos a los cárteles si no pagaban.

A su vez, 27 de estos migrantes señalaron que grupos criminales los habían interceptado en cruces fronterizos, estaciones de autobuses, hoteles o en otros lugares de las ciudades fronterizas.

También comentaron que los abusadores ya tenían su foto o los identificaban entre la multitud. Muchas víctimas dijeron que notaron que extraños los miraban o les tomaban fotos antes o después del crimen.

A pesar de esto, con la llegada del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el pasado 19 de febrero se reanudaron las recepciones de solicitud de asilo para quienes habían sido devueltos a México a causa del decreto Permanecer en México, también llamado Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, este año solo serán atendidos los casos de 25 mil migrantes.

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