Este viernes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó el informe “Conclusiones de Reunión de Medio Año”, donde uno de los temas destacados fue el hostigamiento ejercido contra los periodistas de Latinoamérica por parte de los gobiernos, haciendo hincapié en países como Argentina, Brasil, El Salvador y México.

Durante la exposición de resultados, la SIP declaró que los mandatarios Nayib Bukele, de El Salvador; Jaír Bolsonaro, gobernante de Brasil; Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y Alberto Fernández, de Argentina, son las autoridades que más acosan el desarrollo del periodismo en sus respectivas naciones.

También se mencionaron a naciones como Bolivia, Cuba, Venezuela, El Salvador y Nicaragua como regiones donde los gobiernos utilizan sus propios medios y redes sociales para desestimar el trabajo periodístico, argumentando que este tipo de actos son una clara violación a la libertad de expresión, además de que ponen en riesgo a los periodistas de ser atacados.

La organización hizo hincapié en el continuo objetivo del poder político por “desacreditar y estigmatizar el ejercicio del periodismo” lo que puede desembocar en acciones violentas hacia los practicantes de esta fundamental profesión, pues en 2020 se denunció el asesinato de 8 periodistas de los cuales, 4 se encontraban en México, donde uno más permanece en calidad de desaparecido, mientras que en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras también fue asesinado uno en cada nación.

Todos las víctimas fueron asesinadas en el ejercicio de su profesión, por lo que la SIP aprovechó también para subrayar la gravedad de la situación y solicitar a los gobiernos para que estos crímenes no permanezcan impunes. En el caso de Honduras, se reportó que 29 periodistas acudieron a la Dirección General del Sistema de Protección por ser víctimas de violencia y amenazas constantes.

Algunos de los periodistas asesinados fueron Jaime Castaño, Israel Vázquez, Jesús Alfonso Piñuelas y Arturo Alba Medina, todos originarios de México; Andrés Felipe Guevara, de Colombia; Efraín Ruales, de Ecuador; Mario Ortega, residente en Guatemala y del hondureño Pedro Arcángel Canelas, mientras que es Pablo Romero Chavez el periodista mexicano que continúa desaparecido.

Respecto al mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, la SIP calificó al programa como “incapaz de funcionar como un órgano nacional de coordinación eficaz” y más que proteger, coloca en un mayor riesgo a los periodistas.

“El asesinato y la desaparición de periodistas y trabajadores de medios de comunicación constituye una forma extrema de censura(…) La falta de justicia e impunidad, incentiva otros actos de violencia, conduce a la autocensura como mecanismo de defensa”, lo que a su vez, genera un “efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión’’, concluyó la SIP.

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