Atlanta, 30 jun (EFE).- La ley de inmigración de Georgia entra en vigor mañana, viernes, sin las cláusulas más polémicas y en medio de las protestas de organizaciones civiles que mantienen su lucha contra la legislación a pesar de la decisión de un tribunal federal de bloquearla parcialmente.


La decisión del juez Thomas Thrash de suspender la implementación de las dos cláusulas más duras de la medida ha sido recibida con alivio por la comunidad inmigrante, sin embargo, los activistas aseguran que no se cruzarán de brazos.


"La lucha sigue. La hostil ley HB 87 ya le ha hecho mucho daño a la economía y a la imagen de nuestro estado, ya no somos vistos por el resto país como un estado que da la bienvenida a los inmigrantes", dijo a Efe Azadeh Shashahanni, directora del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles de Georgia (ACLU) en Georgia, una de las organizaciones que han convocado a la comunidad a movilizarse contra la medida.


La Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (GLAHR) encabeza una coalición de más de 60 organizaciones que ha convocado a un "día sin inmigrantes" este 1 de julio para mostrar el "poder económico" de los inmigrantes en Georgia.


Durante esta jornada, las organizaciones han instado a la comunidad inmigrante a no comprar, no vender y no acudir a sus trabajos con el fin de enviar un mensaje de "rechazo" a la nueva ley.


Para el sábado en la mañana, las organizaciones han convocado a la "Marcha por la Justicia" frente al capitolio estatal, a la que se han sumado también la Liga Anti-Difamación y Amnistía Internacional.


"Nuestra esperanza es que los legisladores escuchen nuestro mensaje y que se abstengan en un futuro de presentar medidas antiinmigrantes y que revoquen la medida HB 87 y otras leyes antiiinmigrantes que han aprobado en años recientes", aseveró la activista de ACLU.


El lunes, el juez Thrash bloqueó la cláusula de la HB 87 que permitía a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no pudieran proporcionar una identificación válida y una que buscaba penalizar a quienes transportaran o albergaran a inmigrantes indocumentados.


Entre las secciones de la ley que sí entran en vigor mañana está una que penaliza con hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares a quienes utilicen una identificación falsa para obtener empleo en el estado.