SAN DIEGO.- Activistas a favor de los derechos de los inmigrantes en la frontera entre San Diego y Tijuana documentan los arrestos y detenciones efectuados por la Patrulla Fronteriza, una labor que llevan a otras regiones fronterizas.

Benjamín Prado, del Comité de Servicio de Amigos Americanos (AFSC) en San Diego, una organización fundada bajo los principios de la no violencia, dijo que la experiencia que su grupo ha acumulado a lo largo de dos décadas permite que a nivel comunitario haya una mayor organización para manejar las tensiones con la Patrulla Fronteriza.

"Los principios son los mismos, debido que casi todas las comunidades en la frontera sur utilizan principios de documentación legal para proveer asistencia a inmigrantes arrestados, crear registro de las historias de abuso que luego pueden ser utilizados para presionar a legisladores a que cambien las leyes de inmigración", dijo Prado.

La organización "Grupo de Derechos Humanos de Forks", en el estado de Washington, dio a conocer a finales de enero un reporte sobre la actividad de la Patrulla Fronteriza durante los últimos cuatro años, para el cual contó con la colaboración de AFSC.

Prado señaló que inmigrantes guatemaltecos y mexicanos en Forks se han enfrentado al hostigamiento y perfil racial, particularmente los que trabajan en los bosques recogiendo salal, una hoja verde comúnmente utilizada en arreglos florales.

El reporte del grupo de Forks documenta 163 presuntos casos de encuentros entre la Patrulla Fronteriza y residentes, en su mayoría hispanos, desde abril de 2008 hasta enero pasado.

"Muchos casos involucran viviendas móviles, donde muchos de estos trabajadores viven, hasta donde sin orden judicial llegaron los agentes para separar familias", dijo Prado.

De acuerdo con el reporte, esto ocasionó que 106 niños se quedaran sin al menos un padre, 13 de ellos sin ambos. También destaca la muerte de Benjamín Roldán Salinas, un trabajador indocumentado quien murió cuando huyó del vehículo detenido en un retén de tráfico, saltó al río Sol Duc y se ahogó en mayo pasado.

También se incluyen reportes de 84 encuentros desde octubre del año pasado hasta enero, en su mayoría durante retenes de tráfico o en el bosque, los cuales produjeron el arresto de 54 personas, 17 de ellas detenidos temporalmente, y 42 personas detenidas pero no arrestadas.

"Hemos visto que tanto en las fronteras sur como norte se está intensificando la presencia de agentes a fin de justificar su gran cantidad, con más casos de perfil racial en áreas donde no hay amenaza a la seguridad del país, con mayor hostigamiento para la comunidad hispana", dijo Prado.

En San Diego, el trabajo de estos activistas ha contribuido a que disminuyan los casos en los que agentes de la Patrulla Fronteriza aborden el transporte público para pedir identificaciones a los pasajeros, dijo Prado, aunque todavía se presentan en trenes y autobuses que recorren las rutas entre San Diego y Los Ángeles.

"Es importante que las comunidades se organicen para no hacer la documentación en forma individual, identificando la agencia que hace los arrestos, el número de vehículos que manejan, y el nombre de los agentes si se pueden obtener a la distancia sin obstruir su trabajo, a fin de llamarles posteriormente para saber dónde están detenidos los inmigrantes y proporcionarles asistencia legal, que no es un derecho automático en su caso", dijo Prado.

El activista enfatizó que los inmigrantes indocumentados también cuentan con derechos constitucionales, entre ellos estar libres del perfil racial y de libre tránsito si no se ha cometido un crimen, al tiempo en que el público en general tiene el derecho de documentar el trabajo de agencias de aplicación de la ley, siempre y cuando no interfieran con las funciones de los oficiales.

"En caso de personas sin documentos, hay más riesgo porque la Patrulla Fronteriza también cuestiona a los observadores, por lo que la capacitación es importante", indicó Prado.

El activista señaló como un logro importante para los activistas en San Diego el caso de tres estudiantes que fueron detenidos en la estación del trolebús de Old Town cuando se dirigían a la escuela y deportados. En junio de 2009 lograron ser readmitidos en Estados Unidos para que pudieran presentar su caso ante un juez.

"Eso ha llevado a que ahora la Patrulla Fronteriza tenga la política de no enfocarse en estudiantes en el trolebús, de que no lleguen a iglesias, hospitales o clínicas comunitarias", finalizó Prado.

editorial@sandiegored.com