En nota del 8 del actual abril, AFN publicó una declaración de la diputada Rosalba López Regalado, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado.

La nota informa que la diputada dijo que el presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos "…se amplió de manera automática al darse resolutivos de la autoridad competente a favor de empleados que fueron despedidos de manera injustificada."

Aparece, igualmente, que entre Tijuana y Mexicali existen 20 demandas; que una es por 800 mil pesos; y, que se adeuda un millón y medio de pesos por estas indemnizaciones.

También, que ha habido acercamiento de personas despedidas, a las que no les han cumplido los convenios firmados para su liquidación.

Por lo que la diputada dijo, parece que esta situación deriva del "capricho de una persona", cuya conducta, sentenció, "nos está obligando a revisar la Ley de responsabilidades".

Es legítimo, conforme a la ley, que se amplíe las partidas del presupuesto, cuando existan resoluciones de la autoridad competente que condenen a pagar indemnizaciones a un cierto número de empleados despedidos.

Solo que en este caso, la diputada advierte que los importes que dieron lugar al aumento automático del presupuesto tienen su fuente en resoluciones de autoridad competente, que ha determinado, al parecer, que en esos veinte casos el despido de los trabajadores fue injustificado.

Pero ha resultado que esos despidos no son despidos comunes que hayan tenido su origen meramente en un proceder despótico del titular del organismo.

La primera tanda de trabajadores despedidos quedó condenada a la pérdida de su empleo por un acuerdo pactado entre un particular que aspiraba a ocupar el cargo de Procurador de los Derechos Humanos, y unos diputados que tenían el poder de elegirle, otorgándole su voto.

Sabrá quién lo ofreció primero; el caso es que uno hizo una promesa y otros la aceptaron.

El aspirante prometió cesar a varios de los que en el futuro fueren sus subordinados, y colocar en sus puestos a los que los diputados le recomendaran.

Los diputados aceptaron esa promesa y votaron por el aspirante, ungiéndole como procurador de los derechos humanos.

Por eso, está bien esclarecido que ese pacto, que es públicamente conocido por la propia declaración del que así se convirtió en procurador de los derechos humanos, produjo no solo violación a los derechos fundamentales de un grupo de trabajadores que sin causa fueron despojados de su empleo, sino también un quebranto patrimonial porque las consecuencias deben pagarse con dinero del presupuesto que se amplió automáticamente para saldar las condenas impuestas por la autoridad competente.

La diputada López Regalado, dijo que "al final son públicos" los recursos que administra el titular de la PDH, y, como eso es cierto, acaso este asunto deba ser analizado por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, al que la Constitución estatal le concede atribución para fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos, también de los organismos dotados de autonomía, como lo es la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El pacto que dio lugar a la violación de derechos y luego a la ampliación del presupuesto para cubrir las indemnizaciones, formado de promesas probablemente ilícitas, también ofrece un campo de acción para el Ministerio Público, por cuanto que con su ejecución, los participantes obtuvieron los beneficios que hoy son ya tan conocidos.

La limpieza de la vida pública es un derecho y una genuina aspiración popular; un bien público de la democracia.

¿Habrá llegado el momento de renunciar a ese anhelo?

¿Es que, tal vez las instituciones del Estado ya no son su garantía?

Juan Manuel Salazar Pimentel

juanmsalazarp@gmail.com