Este lunes, Mark Brnovich, fiscal general del estado de Arizona, propuso formalmente una demanda en contra del gobierno federal de los Estados Unidos por su decisión de suspender la construcción del muro que divide la frontera con México, así como por dar fin al programa “Remain in Mexico” (Quédate en México), ambos decretos inicialmente desarrollados por el ex-mandatario Donald Trump.
La entidad americana pidió a una corte federal anular las acciones aprobadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), argumentando violacion hacia la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) e incluso calificado las acciones de Biden como “el colmo de la hipocresía” pues el gobernador estatal considera incoherente que el presidente jure proteger el medio ambiente incumpliendo la ley federal.
El funcionario declaró que elementos del DHS no reportaron el impacto ambiental que se pudo producir por detener el desarrollo de la barrera entre México-Estados Unidos, esto aunado a la decisión de terminar con el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP), terminó por “permitir” la entrada masiva de migrantes al país americano.
Dicha política de Trump fue la causante de deportar a más de 70 mil solicitantes de asilo desde el 2019, pero tras asumir el cargo de presidente de la nación Biden canceló ese programa y aumentó el número de personas que podían pedir asilo en la región a 25 mil por año, eliminando también el requisito de hacer esperar en México a los interesados..
Según datos de la Fiscalía de Arizona, a diario cerca de mil personas logran ingresar a territorio estadounidense de manera ilegal debido a las “brechas” que se dejaron inconclusas en la construcción del muro, alentando así la migración y provocando también que un mayor número de personas crucen más “fácilmente”.
Brnovich aseguró que el presidente no ha tomado en cuenta las necesidades de vivienda, infraestructura, salud y educación que los migrantes necesitarán ni tampoco el impacto que tendrán en el ambiente, pues a pesar de que para algunos solicitantes su solicitud sea rechazada, el gobernador aseguró que aún así estos permanecerán en el país.
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