ATLANTA.- Organizaciones civiles celebraron a medias el fallo que emitió ayer el Tribunal de Apelaciones del Circuito 11 en Atlanta sobre las leyes migratorias de Georgia y Alabama, en el que dieron luz verde a la controvertida cláusula conocida como "muéstreme los documentos".
En el veredicto de 33 páginas, el panel de tres jueces autorizó la entrada en vigor de la provisión de la ley HB 87, de Georgia, similar a una de la ley SB 56, de Alabama, que autoriza a las autoridades locales a verificar el estatus migratorio de un sospechoso que tenga identificación válida.
Azadeh Shahshahani, directora del Proyecto de Seguridad Nacional e Inmigrantes de la Union de Libertades Civiles (ACLU) en Georgia, calificó como positivo el hecho de que la corte haya mencionado que la cláusula puede todavía estar expuesta a acciones legales futuras en caso de que su implementación pueda prestarse a la práctica de perfil racial por parte de las autoridades.
"El fallo de la corte deja abierta la posibilidad en el futuro de tomar acciones legales específicamente en el caso de que se presente perfil racial", dijo a Efe Shashahani, que forma parte del equipo legal que presentó la demanda contra la ley HB 87 de Georgia.
Los magistrados señalaron en el fallo, que basarse en la "raza, color u origen" está prohibido constitucionalmente y por el estatuto de Georgia, por lo que "es inapropiado" asumir que el estado vaya a ignorar su propia ley.
Asimismo, los jueces mantuvieron bloqueada la provisión de la HB 87 que criminaliza a quienes transporten, alberguen o ayuden a un inmigrante indocumentado en el estado, medida que afectaba la labor que llevan a cabo organizaciones civiles y religiosas con esta comunidad.
La corte además rechazó el apartado 28 de la ley HB 56 de Alabama, que exigía a las escuelas públicas verificar el estatus migratorio de sus alumnos, una medida que los magistrados señalan podría interferir con el derecho constitucional de los niños a la educación.
"Los niños de Alabama pueden ahora empezar un nuevo año escolar sin el temor de que su ciudadanía será cuestionada y los residentes de Georgia podrán continuar llevando a sus amigos y vecinos sin tener que pedirles antes sus 'documentos'", aseveró Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC).
La ley HB 56 de Alabama entró en vigor el pasado 28 de septiembre y es considerada una de las más severas de todo el país junto con la SB1070 de Arizona.
"Estamos complacidos de que este fallo ha enviado un fuerte mensaje a Alabama y a otros estados de que no pueden promulgar leyes llenas de odio para tratar de expulsar a todo un grupo de sus fronteras", declaró Mary Bauer, directora legal del Centro Sureño contra la Pobreza (SPLC) en un comunicado.
Si bien la coalición que presentó demandas para detener la implementación de las controvertidas leyes expresaron su "decepción" de que no se bloqueara la cláusula de las leyes de Alabama y Georgia que permite a las autoridades pedir documentos a un sospechoso, advirtieron que se mantendrán vigilantes para detener cualquier caso de perfil racial que se presente.
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