TIJUANA.- Los alcaldes PRIistas de los cinco municipios de Baja California querían salir en la foto junto al precandidato a la presidencia de México por el PRI, Enrique Peña Nieto, durante la visita de éste a Mexicali el pasado 7 de febrero.
Para cerciorarse de que no incurrían en un delito electoral, pues por ley ningún funcionario público puede hacer proselitismo usando el tiempo correspondiente a sus labores, los ediles declararon que solicitarían permiso a sus cabildos y pedirían que se les descontara el día.
Según el subprocurador de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Enrique San Román, los alcaldes debieron solicitar públicamente por escrito los permisos, recibir por escrito las respuestas y exponer que verdaderamente se les hizo el descuento de su salario.
Hasta el momento ningún alcalde de la entidad que asistió a estrechar la mano de Peña Nieto ha mostrado en público este proceso.
San Román ofreció la mañana del martes en el hotel Camino Real de Tijuana una conferencia sobre las funciones de la Fepade, en el marco de un taller de actualización electoral organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE).
Este año, además de las elecciones presidenciales en el país habrá votaciones en 15 estados para elegir gobernadores. El IFE prevé que 80 millones de mexicanos participarán en estas elecciones.
La plática sucedió un día después de que fuera despedido el fiscal de la Fepade por el caso de las elecciones de Michoacán, que presuntamente estuvieron condicionadas por el crimen organizado. Pero previamente San Román dijo que no respondería alguna pregunta relacionada a este tema.
Según el funcionario, desde la creación de la Fepade en 1994 han perseguido cerca de 15 mil delitos electorales. En 2011, el 92 por ciento de las sentencias fueron condenatorios.
Los delitos electorales no son considerados delitos graves, las personas que hayan incurrido en alguno alcanzan fianza, sin embargo si se encuentran culpables son condenados a multas y hasta nueve años en prisión.
Entre los delitos electorales más comunes entre servidores públicos están obligar a sus subordinados a votar por un partido o candidato; condicionar la prestación de servicios, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas a la emisión del sufragio en favor de un partido o candidato.
También destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición en virtud de sus cargos, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato.
Además de proporcionar apoyo o prestar algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos a través de sus subordinados, usando el tiempo correspondiente a sus labores.
San Román fue cuestionado sobre si el gobernador del estado, el PANista José Guadalupe Osuna, había incurrido en un delito electoral al utilizar a su departamento de comunicación y la infraestructura pública para agradecer a los votantes PANistas el día de la elección interna para la selección de un precandidato a la presidencia del país, el pasado 5 de febrero.
Según San Román, no incurrió en algún delito "porque no utilizó bienes físicos".
Ya al terminar su plática, al salir del salón, un reportero le preguntó qué procedía cuando el gobernador Osuna se presentó el pasado lunes en un acto político de la precandidata del PAN a la presidencia de México, Josefina Vázquez Mota.
El apurado funcionario federal sólo dijo que debía investigarse.
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