TIJUANA.- Es un hecho que los homicidios en Tijuana disminuyeron notablemente el año pasado, la mayoría de ellos estuvieron ligados al narcotráfico; sin embargo, otros delitos como el robo de vehículos tuvieron un alza sin precedentes.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que durante 2011 registraron en la ciudad 476 asesinatos, 344 menos que en 2010.
Aproximadamente un 80 por ciento de los homicidios sucedidos el año pasado tuvieron como móvil el narcomenudeo, es decir, la disputa o venganza entre vendedores de narcóticos por el control de ciertas zonas o calles al servicio de una célula de cárteles de la droga.
Aún así la cifra de muertes violentas en el 2011 es la cuarta más alta en la historia de Tijuana una de las principales ciudades de la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado seguida de 843 víctimas en 2008; 664 en 2009 y 820 en 2010.
Durante el pasado año, representantes de corporaciones policiacas, militares y de procuración de justicia subrayaron constantemente la percepción de una disminución de la violencia y los crímenes de alto impacto en la frontera.
Sin embargo, diversos estudios a nivel nacional indicaron que si bien los asesinatos parecieron disminuir en Tijuana y el resto del estado al tiempo que las autoridades arrestaban a altos capos, paralelamente se daba un aumento en los delitos del orden común.
Baja California ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en incidencia delictiva, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el documento más reciente para medir la violencia.
El Estado registró 30 mil 753 delitos por cada 100 mil habitantes durante el 2010, según Inegi. Baja California está debajo de Aguascalientes (36 mil delitos por cada 100 mil habitantes), Chihuahua (34 mil delitos) y el Distrito Federal (32 mil delitos).
La encuesta de la inseguridad en México de Inegi también señaló que la impunidad se ha asentado en Baja California, pese a la presencia de las fuerzas federales y militares.
Sólo 19 de cada cien asaltos, extorsiones, amenazas y robos a vehículos o casas se denuncian ante autoridades a nivel estatal, indicó la encuesta. En Tijuana, donde vive la mitad de la población del estado, la cifra de denuncias aumenta a 26 por cada cien delitos del orden común.
La mayoría, sin embargo, considera la denuncia una pérdida de tiempo o tiene desconfianza hacia la autoridad, apuntó Inegi.
En octubre pasado, el general Alfonso Duarte, comandante de la Segunda Región Militar, manifestó que los delitos que se estaban presentando en la entidad eran del orden común, sobre todo robo de vehículos, que se habían incrementado un 300 por ciento en comparación con el año pasado.
Otra encuesta, ésta del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) colocó a Baja California (en el tercer lugar luego de Chihuahua y Sinaloa) como uno de los diez estados más inseguros del país.
La investigación del Icesi se levantó en 71 mil 370 viviendas de todo el país. La encuesta, además, capta delitos del fuero común, que constituyen alrededor del 95 por ciento del total de la delincuencia.
El jefe de la Segunda Zona Militar, Gilberto Landeros, y el fiscal del estado Rommel Moreno coincidieron en señalar qué fue lo que ocasionó este disparo en la cifras de delitos del orden común.
Ambos manifestaron en diferentes actos públicos que las corporaciones militares y policiacas se enfocaron entre 2008 y 2010 a combatir los delitos de alto impacto y descuidaron los delitos del orden común porque eso era lo que la gente más requería.
En la segunda mitad del año pasado, la fiscalía comenzó a realizar campañas en diversos distritos de la ciudad para tratar de inhibir los robos y animar a la población a denunciar.
Las corporaciones policiacas presentaron a lo largo del año a detenidos pertenecientes a bandas criminales que antes servían al crimen organizado y ahora, tras la captura de algunos capos, "trabajaban" de forma independencia en robos de automóviles o viviendas.
Pese a los arrestos de decenas de presuntos delincuentes, líderes empresariales y de comerciantes advertían que los delitos del orden común continuaban como nunca antes.
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