SAN DIEGO.- Decenas de llamadas telefónicas ha recibido la asociación Comité de Amigos Americanos con sede en el Condado de San Diego, tras el anuncio de la nueva política de deportación por parte del gobierno de los Estados Unidos, todas ellas, reflejan confusión entre la comunidad hispana.
Así lo expresó Christian Ramírez, coordinador nacional de citado grupo dedicado a defender los derechos de los inmigrantes en el país.
Sobre lo anunciado por la Secretaria de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, el pasado jueves, donde se informó que el gobierno norteamericano revaluará uno a uno los 300 mil casos de deportación pendientes, el líder comunitario aclaró que no se trata de una especie de perdón o cambio a las leyes de inmigración.
"No es amnistía ni es una reforma migratoria", recalcó el activista local.
De acuerdo a DHS, la nueva política, tiene el objetivo de dar prioridad a la expulsión de personas que suponen un peligro a la seguridad nacional.
Ramírez apuntó que únicamente se trata de un reacomodo en el proceso de deportaciones, en el cual, se revaluarán los expedientes de 300 mil personas que se encuentran en pleno proceso judicial y lo calificó como una medida para "depurar el embotellamiento" de casos pendientes que actualmente existen en Estados Unidos.
Desde la semana pasada, el activista ha atendido decenas de llamadas de la comunidad en San Diego, la mayoría de ellas con una idea errónea de esta nueva política.
El activista señaló que algunos de los comentarios recibidos preguntaban si se trataba de una especie de programa al cual se puede aplicar para ver si califican para una especie de perdón o permiso de trabajo.
A esta voz, se unieron otros grupos defensores de los derechos humanos en Estados Unidos, quienes coincidieron que la mayor preocupación radica en que podrían darse caso de 'abogados sin escrúpulos' que aprovechen la situación para vender falsas esperanzas a la comunidad indocumentada.
"Lamentablemente hemos tenido reportes de personas que se han acercado con 'notarios' u otras personas que están diciendo de manera incorrecta que pueden legalizarlos si se les da una cantidad de dinero", Catherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración.
Se estima que en Estados Unidos radican más de 10 millones de personas indocumentadas, por lo que esta nueva medida beneficia únicamente al tres por ciento de ellos.
"Lo más importante es advertirle a inmigrantes que no firmen una salida voluntaria del país antes de haber hablado con un abogado o una organización no lucrativa", recalcó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) a través de una conferencia telefónica para medios hispanos.
"Pedimos que no se entreguen a las autoridades de inmigración pensando que se van a beneficiar de con estos nuevos cambios, esto sería un grave error", enfatizó. "No se dejen engañar, siempre habrán personas que quieran sacar ventajas de esta situación".
Por su parte, la abogada Carlina Tapia Ruano señaló que "no quiere decir que tenemos nueva visa ni permiso de permanecer en este país ni para trabajar".
De acuerdo a activistas, durante el gobierno del presidente Barack Obama se han deportado a más de un millón de personas.
[sidebar]Sobre la nueva política
Únicamente beneficiará a 300 mil casos de personas que se encuentran en proceso de deportación y serán revaluados tanto por el Departamento de Seguridad Nacional como el Departamento de Justicia.
Individuos considerados "Baja prioridad" incluyen aquellos sin antecedentes penales, que radiquen en Estados Unidos desde hace muchos años, estudiantes que apliquen para Dream Act, mujeres embarazadas, víctimas de violencia doméstica y parejas LGTB.
Individuos considerados "Alta prioridad" incluyen personas con delitos graves o antecedentes penales.
No se "entregue".
No confíe en abogados que le ofrecen "incluirlos en el programa".
No es una amnistía ni cambios a las leyes de inmigración.
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