Tijuana.- Un nuevo escándalo está sacudiendo a la corporación policiaca de la ciudad, cuando aún está latente el proceso legal que el gobierno municipal lleva contra 15 policías que fueron involucrados en el caso "Presagate", un video que muestra a mujer que baila y se desnuda ante oficiales del distrito Presa Rural.
El reciente caso fue en contra de una civil que no fue atendida por un juez, pero se le impuso diez horas de arresto, tiempo en el que la víctima declaró que fue vejada por agentes municipales y obligada a desnudarse por una celadora.
Esta tarde, Sindicatura Municipal informó que suspendió de manera indefinida a tres servidores públicos que faltaron a su deber de hacer cumplir y respetar la Ley, "ya que se les comprobó su participación en actos contrarios a sus obligaciones".
En el primero de los casos, un juez calificador y una celadora de la Estancia Municipal de Infractores fueron suspendidos de manera preventiva, luego de haber sido relacionados con el caso de abuso policial en donde presuntamente no actuaron conforme a Derecho.
El director de Responsabilidades de la Sindicatura Municipal, Jesús Antonio Chávez, dijo que este jueves se presentó una queja en contra de un juez, una celadora y seis agentes de la Policía Municipal.
"La víctima explicó que fue detenida por una riña callejera, que de ahí la trasladaron a la estación policíaca de la Zona Norte donde la presentaron ante un juez, quien no escuchó su versión de los hechos y le impuso diez horas de arresto en la Estancia Municipal de Infractores, sin posibilidad de sustituir la penalidad con una multa", dijo Chávez.
El funcionario explicó que ya en la Estancia Municipal, la víctima narró que fue objeto de burlas y vejaciones por parte de policías municipales cuando pidió la oportunidad de hacer una llamada a sus familiares; y que después una celadora la obligó con amenazas a quitarse la ropa en una de las celdas.
Hasta el momento, Sindicatura Municipal ha suspendido al juez adscrito a la Dirección de Justicia Municipal, Marco Antonio Quihuis Campillo, y a la celadora Sandra Sánchez Miramontes. Mientras que investiga a al menos seis oficiales supuestamente involucrados en este caso.
"Estamos en espera de que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal haga su investigación para complementar el expediente con las pruebas que hemos obtenido hasta el momento", dijo Chávez.
Otro policía municipal, identificado como David Alejandro Sarmiento Ávila fue suspendido por su implicación en otro caso relacionado a un accidente en el que resultaron lesionados una menor de 7 años y su padre, de 37.
"Iniciamos esta investigación porque cuando el agente fue detenido y llevado al Ministerio Público para que éste deslindara su responsabilidad, la Dirección de Servicios Periciales le hizo un examen toxicológico en el que resultó positivo en anfetaminas y metanfetaminas, lo cual es una causal que obliga a iniciar un procedimiento de responsabilidad en su contra", indicó Chávez.
Aunque el escándalo mayor de la corporación policiaca en el gobierno del alcalde Carlos Bustamante ha sido el video que exponía a una joven en el distrito policial La Presa Rural que baila a agentes para no ser detenida, ha habido casi dos centenas de policías cesados por otros motivos.
El "Presagate" ocasionó también una polémica en el Congreso del Estado al intentar enjuiciar a la síndico de Tijuana, Yolanda Enríquez, por supuesto encubrimiento del caso, dado a conocer por el periódico El Mexicano en mayo de este año pero sucedido un mes antes.
Son en total 195 policías municipales de Tijuana que han sido separados de sus cargos por estar en proceso de investigación, 18 de ellos por delincuencia organizada, y 37 ya fueron dado de baja definitivamente, desde que comenzó la administración el 30 de noviembre de 2010.
Los agentes fueron dados de baja de la corporación durante el desarrollo del programa de depuración policiaca, según Julián Domínguez, portavoz de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Indicó que 106 oficiales fueron separados de sus cargos por faltas injustificadas, 38 por abuso de autoridad, once por extorsión, 18 por delincuencia organizada, dos por abuso sexual, once por dar positivo a antidoping y el resto por usurpación de funciones.
En la anterior administración, del panista Jorge Ramos (2007-2010), fueron cesados casi 600 policías municipales cuando el gobierno local comenzó un programa sin precedentes de "limpieza" en la corporación a través de diversos exámenes de confianza.
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