Tijuana.- El alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, dijo ayer sentirse preocupado por la difícil situación que atraviesan las familias de 32 ex policías municipales que estuvieron bajo investigación federal.
Los agentes fueron detenidos en julio del año pasado entre un grupo de 62 oficiales estatales y municipales acusados de crimen organizado y delitos contra la salud, y posteriormente fueron encarcelados en el penal Villa Aldama, en la inmediaciones de Perote, Veracruz.
Pero la fiscalía federal no aportó pruebas suficientes y liberaron el pasado 7 de abril a 32 oficiales que habían trabajado en la Policía Municipal de Tijuana, algunos de ellos por más de 15 años.
Muchos no tenían siquiera para el pasaje de regreso a la frontera y algunas esposas de los oficiales declararon que habían tenido que vender pertenencias para subsistir sin el salario de los policías arrestados.
Conforme fueron llegando algunos oficiales liberados a esta ciudad, comenzaron a pedir en conferencias de prensa que les regresaran sus empleos y que se resarciera en la opinión pública sus nombres dañados por su encarcelamiento.
El secretario de Administración y Finanzas, Rufo Ibarra, señaló el lunes que el 20 Ayuntamiento acordó dar un cheque por 15 mil pesos, a cuenta de los beneficios económicos a que tenían derecho, a cada una de las familias de los ex agentes de la Policía Municipal que fueron separados de sus cargos.
Sin embargo el monto que ofreció el gobierno municipal fue rechazado por recomendación del representante legal de los oficiales investigados, informó el 20 Ayuntamiento de Tijuana.
Ibarra aceptó que existen una serie de inconsistencias en el trato que recibieron los ex oficiales, por lo que están integrando sus expedientes para determinar los beneficios a que tienen derecho, los cuales varían, ya que algunas familias de los policías recibieron en diciembre un recurso parcial de aguinaldo.
El Ayuntamiento revisará cada caso y determinará lo que les corresponde económicamente por los salarios que no percibieron desde julio, según lo estipulado por el artículo 123 de la Constitución.
Este artículo establece que "si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese, o cualquier otra forma de terminación del servicio, fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido".
Ya el secretario de Seguridad Pública Municipal, el capitán Gustavo Huerta, había declarado que veía difícil la reincorporación de los 32 agentes a la Policía Municipal porque "además de que se les ha perdido la confianza, legalmente hay una cláusula que lo impide cuando un oficial está involucrado en una denuncia".
Ibarra agregó que será hasta la próxima semana cuando el 20 Ayuntamiento determine la situación de los oficiales liberados.
