TIJUANA.- Las corporaciones militares y policiacas de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco han incurrido en 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales, según un informe de Human Rights Watch (HRW).
El organismo afirma que las fuerzas de seguridad del país han empleado tácticas de tortura como golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte.
Esas torturas fueron utilizadas sistemáticamente para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas. La evidencia sugiere que habría participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país.
HRW es una organización no gubernamental fundada en 1978 y líder en el mundo en la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos que presentó este informe ayer miércoles al presidente de México, Felipe Calderón.
El documento, llamado Ni seguridad ni derechos, ejecuciones, desapariciones y tortura en "La guerra contra el narcotráfico en México", ha sido expuesto en el portal www.hrw.org, donde predomina como una de las conclusiones de la investigación el fracaso de esta batalla.
Ahí se afirma que el país ha sufrido un incremento dramático de la violencia.
Tras un descenso sostenido que se mantuvo durante casi dos décadas, la tasa de homicidios aumentó más del 260 por ciento entre 2007 y 2010.
"Este incremento alarmante de la violencia ha sido consecuencia, en gran parte, de la rivalidad entre poderosos cárteles que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades lucrativas ilícitas, como la trata de personas, así como de enfrentamientos internos entre sus propios miembros", indica HRW.
Según el organismo, en la investigación tomaron cinco estados del país que estuvieran "profundamente afectados por la violencia vinculada al narcotráfico".
Efectuaron más de 200 entrevistas a funcionarios, elementos de las fuerzas de seguridad, víctimas, testigos, defensores de derechos humanos y otros actores. Además de analizar estadísticas oficiales, expedientes y denuncias de violaciones de derechos humanos.
En los últimos cinco años las autoridades han informado de 50 mil personas asesinadas durante el combate al narcotráfico en el país. Casi 3 mil de esas víctimas fueron en Tijuana.
Esas cifras, sin embargo, no toman en cuenta los casos de desapariciones forzadas por parte del crimen organizado, que en muchos casos están ligadas a homicidios en las que ni familiares ni autoridades han localizado los cuerpos de las víctimas.
Solo en Baja California, organismos no gubernamentales tienen registrados 488 casos, aunque la Procuraduría General de Justicia de Estado tiene 96 desapariciones, 70 de ellas en esta ciudad.
Según Human Rights Watch, en 24 casos obtuvo pruebas
creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales, y en la mayoría de los casos, intentaron encubrir los delitos.
Estas muertes se clasifican en dos categorías: civiles ejecutados por autoridades o que murieron como resultado de torturas, y civiles que murieron en retenes militares o durante enfrentamientos armados donde hubo un uso injustificado de la fuerza letal en su contra.
"En la mayoría de los casos, la escena del crimen fue manipulada por soldados y policías con la finalidad de presentar falsamente a las víctimas como agresores armados o encubrir el uso excesivo de la fuerza. Y, en algunos casos, las investigaciones sugieren claramente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían manipulado la escena del crimen para simular que las ejecuciones extrajudiciales eran ejecuciones perpetradas por cárteles de narcotráfico rivales", expone el organismo.
HRW obtuvo pruebas creíbles de tortura en más de 170 casos en los cinco estados relevados en el informe. Las tácticas documentadas son empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad.
El organismo cita entre otras pruebas de tortura los testimonios de dos víctimas recogidos en Tijuana.
"En ese instante, siento la presión sobre mi rostro con un tipo de plástico grueso el cual me negaba la posibilidad de respirar. Esta persona quien era la única que aplicaba los cuestionamiento prolongó esta tortura asfixiándome en repetidas ocasiones, prolongándose esto por alrededor de dos hora y media, tiempo en el cual recibía golpes en el rostro, en la cabeza, en el pecho En todo este proceso la persona la cual me torturó llevó a cabo cuestionamiento acerca de personas como policías activos, ex policías, así como civiles", testificó al organismo el policía municipal Ricardo Castellano, quien fue detenido por militares el 15 de septiembre de 2009.
"Nuevamente me amenazaron que si fuera necesario matarme lo harían, no les importaba mi vida, simplemente una vez muerto me tirarían por ahí con algún letrero, según como los que pone la maña (mafia) y que no les caería bronca alguna", atestiguó Daniel Flores Ramos.
En general, las torturas se aplican durante el período transcurrido entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este lapso, las víctimas son a menudo mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos.
La mayoría de las víctimas en los casos documentados por HRW eran hombres jóvenes de origen humilde o de clase trabajadora. Muchos tenían familia e hijos pequeños. Las víctimas de estos graves abusoso sus familiares en casos de personas "desaparecidas" o asesinadas declararon no haber cometido los delitos que les imputaban y afirmaron no tener conocimiento de, ni vínculos con, actividades ilícitas.
Las investigaciones de Human Rights Watch comprobaron que, en casi todos los casos, la única prueba ofrecida por las autoridades respecto de la culpabilidad de los detenidos eran declaraciones incriminatorias obtenidas después de sesiones de tortura u otros abusos.
"No parecían existir pruebas independientes que corroboraran estas declaraciones obtenidas mediante coerción, ni resulta claro en función de qué pruebas se determinó que existía sospecha razonable para detener a estas personas", indicó.
La organización documentó 39 "desapariciones" en las cuales existen pruebas contundentes de que habrían participado las fuerzas de seguridad. Si bien en estos casos hay testigos que vieron a miembros de las fuerzas de seguridad secuestrar a las víctimas, las autoridades negaron haberlas detenido o que estas hayan estado en algún momento bajo su custodia.
El análisis de HRW señala que la política de seguridad pública está fracasando.
"No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos que casi nunca se investigarían adecuadamente", apunta el informe. "En vez de fortalecer la seguridad pública en México, la 'guerra' desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país".
El organismo también dice que las instituciones de procuración de justicia en México alimentan el clima de impunidad, pues raramente rinden cuentas, han abandonado los casos de familiares de los desaparecidos y se aceptan rutinariamente las versiones oficiales.
Es habitual que agentes del Ministerio Público militar y civil no lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales de casos donde existen indicios de que civiles habrían sido sometidos a graves abusos.
HRW dice que documentó falencias sistemáticas en las investigaciones sobre tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que han impedido que soldados y policías rindan cuentas por sus actos ante la justicia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha registrado un aumento en la cantidad de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las corporaciones militares y policiacas.
Entre 2003 y 2006 la CNDH recibió 691 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles; esta cantidad aumentó a 4,803 en el periodo entre 2007 y 2010.
Del mismo modo, la cantidad de investigaciones penales iniciadas por agentes del Ministerio Público militar y civil sobre delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad contra civiles se ha incrementado notablemente en los últimos años.
Según el Ejército, los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 210 investigaciones de delitos cometido por soldados contra civiles en 2007, 913 en 2008 y 1,293 en 2009, apunta el HRW.
Por su parte, en un comunicado del gobierno federal publicado en la página www.presidencia.gob.mx con motivo de la entrega del informe de HRW, el presidente Calderón señaló que los criminales han sido la principal amenaza para los derechos humanos del país.
"Son ellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias", dijo Calderón.
De ahí, agregó, la obligación ética y legal del gobierno, de desplegar todos los medios a su alcance para que, bajo el principio de corresponsabilidad, se fortalezca la presencia de la autoridad en aquellas comunidades con mayor rivalidad delincuencial.
Según el mandatario, las fuerzas federales han trabajado
de cerca con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversos organismos internacionales, con el fin de seguir capacitándose en materia de derechos humanos.
HRW manifiesta que a pesar de que no se investigan adecuadamente los casos de violaciones de derechos humanos, es habitual que funcionarios públicos desestimen las denuncias de las víctimas como falsas y describan a las víctimas como delincuentes, incluso cuando altos funcionarios expresan públicamente su firme compromiso con el respeto de los derechos humanos.
"El modelo para este discurso contradictorio ha sido proporcionado por el Presidente Calderón, quien por una parte ha reconocido a los derechos humanos como la 'premisa central' de la estrategia de su gobierno contra la delincuencia organizada, y por otra parte ha expresado su disgusto ante denuncias de abusos cometidos por militares 'que no son ciertas'. Calderón también ha señalado en varias oportunidades que el 90 por ciento de las personas que pierden la vida en hechos de violencia vinculados al narcotráfico son miembros de bandas de delincuencia organizada", indica el organismo.
Human Rights Watch agrega que las violaciones graves de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad pueden dejar huellas profundas y duraderas en las víctimas y sus familiares.
Son numerosos los casos de tortura que nunca se denuncian por temor. Uno de los principales efectos de la tortura y, con frecuencia, su principal objetivo es intimidar a la víctima para que no cuente lo sucedido.
En casi todos los casos de tortura, dice HRW, las víctimas dijeron que sus torturadores les advirtieron que serían torturadas nuevamente o asesinadas, o que sus familiares sufrirían represalias, si denunciaban los abusos sufridos.
