En el 2011, Othon Francisco de León Arriola y René Fujiwara Montelongo adquirieron un par de propiedades en San Diego, mismas que fueron pagadas en efectivo y luego de que el Union Tribune de San Diego relevara la información, se cuestionó sobre su relación con las investigaciones que pesan actualmente sobre la abuela de los legisladores mexicanos, Elba Esther Gordillo.
En los documentos presentados por las autoridades mexicanas, estas propiedades no figuraron como patrimonio de Gordillo o su familia, cada una de las casa tiene un valor superior a los tres millones de pesos.
Con ello, surgió otra duda ¿Quién ayudó a Elba Esther en sus trasacciones? Durante años, la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desvió recursos para darse un gran estilo de vida, compras en Neiman Marcus, tiendas de marca, costear cirugías plásticas, adquisición de propiedades y más. Era un secreto a voces.
Sus declaraciones dictaban un ingreso anual de 23 mil dólares por lo que resulta casi increíble que sus gastos no resultaran sospechosos para las autoridades de ambos países. En la investigación del Union Tribune de San Diego, se citan diversas fuentes donde se hace hincapié sobre los vacíos legales que permiten estos casos de lavado de dinero.
A pesar de que tanto México como Estados Unidos han creado diversos programas y estrategias para limitar las operaciones de lavado de dinero, hay aspectos como la creación de fideicomisos y bienes raíces donde el que usa el servicio se protege detrás de una compañía, no hay investigación de antecedentes y sobre todo, no hay manera de investigar el origen de los recursos empleados.
En la experiencia de John Kirby, abogado penalista quien fungió como fiscal en San Diego, hay miles de dólares invertidos en la ciudad fronteriza de origen ilegal. La adquisicón de propiedades y creaciónn de fideicomisos permite a los criminales esconderse de enemigos y autoridades.
La Red de Crímenes Financieros, dependencia de la Tesorería estadounidense, estima que entre el 2003 y 2011 ingresaron a la nación 41 billones de dólares con procedencia ilícita.
El caso de Elba Esther Gordillo, es parte de una larga lista donde como conclusión general, se buscan nuevas legislaciones que permitan controlar los crímenes financieros. Tan sólo en la compra de dos propiedades en el área de Coronado, Gordillo destinó 1.15 millones de dólares en 1991 y posteriormente, 4 millones de dólares para su compra, las cantidades se pagaron en efectivo.
Las nuevas leyes, deberán contemplar todo tipo de transacciones y estrategias a emplearse por parte de bancos, compañías de bienes raíces y toda empresa que se relacione con estas actividades.
*Con información de Sandra Dibble, U-T San Diego
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