Tijuana.- Migrantes nacionales y extranjeros que se encuentran en territorio mexicano corren mayores riesgos o violaciones a sus derechos humanos debido a la inseguridad que se vive en el país, señala un estudio del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
La investigación apunta que "los migrantes indocumentados, particularmente provenientes de Centroamérica, son más vulnerables ante las distintas autoridades mexicanas y bandas delictivas, ya que en su trayecto a Estados Unidos han sido víctimas de prácticas de extorsión, agresiones, secuestros y muertes en algunos casos".
La tendencia es que los riesgos para los migrantes aumenten, indica el estudio intitulado "Las políticas de seguridad en México y la vulnerabilidad a migrantes: Impactos y recomendaciones", dado a conocer el martes por el Colef.
Bajo el argumento de proteger a los migrantes del crimen organizado, como potenciales víctimas de tráfico y trata, la Secretaría de la Defensa Nacional ha fortalecido su vigilancia en retenes y controles de la frontera; sin embargo en estos operativos se han registrado víctimas de violencia tanto de migrantes como de la sociedad civil, asegura el documento.
Agrega que también aumentan los riesgos de extorsión y asaltos por parte de bandas delictivas y violaciones a los derechos humanos de los indocumentados por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, particularmente en las rutas de tránsito de los migrantes.
El asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas a fines de agosto del año pasado y el secuestro de 50 migrantes procedentes del estado de Oaxaca en diciembre pasado, señala la investigación, refleja la creciente relación entre inseguridad pública y la violación a derechos humanos desde 2007, año en que el presidente Felipe Calderón declaró una guerra abierta contra los cárteles de la droga establecidos en el país.
"Las políticas de seguridad han afectado el mercado binacional de mano de obra en el sentido de relocalización de los flujos, lo que ha agudizado la vulnerabilidad a los migrantes, porque los expone a bandas organizadas y condiciones difíciles de alto riesgo de cruce", dijo José María Ramos, uno de los ocho investigadores que participaron en el estudio.
La prioridad gubernamental concedida al combate al narcotráfico en México, indicó Ramos, ha disminuido o desviado el diseño de una política que evite las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y los riesgos que comprometen su seguridad y su vida en el país.
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