TIJUANA.- Desde hace cuatro años Fernando Ocegueda busca indicios que lleven al paradero de su hijo, quien fue detenido en su casa del este de la ciudad por supuestos oficiales y tal vez asesinado, aunque su cadáver hasta ahora no ha sido encontrado.
Con el dolor de la pérdida, la rabia y la frustración porque las autoridades no investigaban a fondo su caso, formó junto a otros padres e hijos de personas desaparecidas en la región la Asociación Esperanza y luego la Asociación Ciudadana contra la Impunidad, de las que fue secretario general.
Sin embargo, descontento por la pasividad mostrada en el último año por el organismo civil ante protestas como la del escritor Javier Sicilia, quien hizo que miles de personas en el país salieran a las vías públicas a manifestarse por la forma en que el gobierno federal está enfrentando la lucha contra el narcotráfico; además del estancamiento de los casos de desaparecidos en la entidad, Ocegueda decidió irse por la libre.
El próximo 15 de agosto quedará formalmente establecida ante las autoridades la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, dijo Ocegueda, quien fungirá como presidente del nuevo organismo civil.
"Nuestra intensión es presionar más fuerte al gobierno del estado, porque hasta ahora ha habido nulos resultados en las investigaciones y les ha faltado voluntad", señaló. "Estamos dispuestos incluso a hacer plantones en las instituciones, si es necesario".
La nueva unión cuenta con una centena de familiares de personas desaparecidas y esta semana se les unieron cinco casos más, aseguró Ocegueda. Con ellas llevan dos viernes plantándose afuera del edificio del Centro de Gobierno para exigir una audiencia para tratar los casos de las víctimas.
Representantes del gobierno estatal han declarado que sí están atendiendo los casos de desaparecidos, incluso nombraron un fiscal especial, pero en la práctica no se ha visto avances en las investigaciones.
El objetivo primordial de la asociación es que las autoridades investiguen y hagan labores de rescate de cuerpos en al menos ocho predios que pertenecieron a narcotraficantes y donde se cree pudieran haber sido enterradas las personas inmoladas.
Pero también hay asuntos legislativos más primarios que tienen que ver con la situación legal en las que quedaron las propiedades de las víctimas.
Ocegueda explicó que unas 20 familias de su nueva asociación, al no contar con el acta de defunción de su familiar, están a punto de perder sus casas o no pueden hacer trámites como la solicitud del pasaporte o cobrar la pensión del Seguro Social.
Actualmente la ley señala seis años como plazo para la entrega del acta de defunción en este tipo de casos, explicó, pero hay otros estados donde el trámite concluye en sólo dos años.
La entrega de este documento daría mayor certidumbre a las víctimas colaterales del delito de secuestro o privación ilegal de la libertad, agregó.
Según la Asociación Ciudadana contra la Impunidad, que preside Cristina Palacios, se tienen documentados 488 casos de desaparecidos en la región desde 1997, sin embargo el 80 por ciento de las víctimas se dieron a partir de 2007.
Muchos de los desaparecidos fueron durante la batalla por el control en Tijuana del trasiego, distribución y droga entre el cártel Arellano Félix y un ex lugarteniente de este grupo criminal que comenzó a trabajar para el cártel de Sinaloa.
La fiscalía estatal registró de 2008 a 2010 un total de 2 mil 327 muertes violentas sólo en Tijuana producto de esa guerra.
Unas 300 víctimas no contabilizadas oficialmente durante la serie de asesinatos fueron enterradas en diversos predios de Tijuana, según Santiago Meza, un criminal confeso apodado "El Pozolero" por el trabajo que hacía al verter ácido sobre cadáveres que le entregaban grupos del crimen organizado para "desaparecerlos".
Meza fue arrestado en enero de 2009 y condujo a las autoridades hasta una finca en el ejido Ojo de Agua, ubicado al este de la ciudad, donde fueron hallados los restos de diez víctimas.
Ocegueda ha presionado a la fiscalía federal para continuar la búsqueda de cadáveres, porque cree que uno de esos pudiera ser el de su hijo.
En marzo pasado, personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de la fiscalía federal encontraron restos orgánicos de seres humanos en un predio de la colonia Valle Bonito, al oriente de la urbe, donde estuvo Santiago Meza.
Ocegueda aseguró que representantes de la PGR y la Siedo le han prometido continuar las búsquedas para septiembre próximo en el resto de los predios señalados en las averiguaciones previas que la fiscalía federal sigue contra Meza y otros presuntos narcotraficantes.
