Tijuana.- Once oficinas en el estado de la asociación civil Anapromex, entre ellas cinco en Tijuana, fueron cateadas y aseguradas ayer por agentes de la Policía Ministerial bajo la acusación de fraude y delitos fiscales.
Rommel Moreno, el fiscal estatal, dijo este día que se aseguraron tres mil documentos durante el operativo, que perseguía localizar archivos de personas afiliadas a Anapromex y recuperar documentos de trámites realizados en dependencias de los tres niveles de gobierno para la regularización de vehículos de procedencia extranjera.
Además de conocer el padrón de vehículos sin regularizar con el que cuenta la asociación y asegurar los documentos que expide para la circulación de los vehículos de sus afiliados, señaló el abogado del estado.
Anapromex, siglas de Asociación de Protección a los Mexicanos, es una asociación civil que tiene representación en cinco estados del país y que cuenta con más de 150 mil afiliados, según se expone en la página oficial del sitio.
La asociación ha expirado por más de cinco años, a cambio de cuotas de sus afiliados, unas placas con su nombre que ampara al dueño de un vehículo sin importar conocidos como automóviles chocolates bajo el argumento de que las tarifas no son justas para la importación de un modelo o país de fabricación.
Ayer jueves, un juzgado otorgó la orden de cateo que implementaron 40 agentes de la Policía Ministerial en las oficinas de Anapromex del fraccionamiento Las Huertas, en el distrito La Mesa; calle Séptima en zona Centro; Ruta Independencia en el Mariano Matamoros, al este de la ciudad; bulevar Fundadores y calle Misión San Luis del fraccionamiento Kino, al oriente de la urbe.
El fiscal dijo que los inmuebles se encuentran asegurados por parte del agente del Ministerio Público de delitos patrimoniales, ya que se sigue una investigación en contra de quien resulte responsable por los delitos de fraude y delitos fiscales.
Durante la tarde de este viernes, el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna, manifestó en un comunicado que la actuación de la autoridad en contra de las organizaciones que promueven la circulación de vehículos irregulares fue derivada de denuncias que la autoridad ha investigado.
"Es nuestra obligación hacer efectivo el estado de derecho y en eso, como ahora lo estamos demostrando, seremos firmes", expuso el mandatario del estado.
El balance del operativo es de once oficinas de Anapromex cateadas y clausuradas, cinco de ellas en Tijuana y seis en Ensenada.
Además del decomiso de documentación y placas falsas: 412 tarjetas de circulación, 44 placas, 34 engomados y 13 credenciales.
"Somos sensibles a los ciudadanos que menos tienen y han sido engañados por los líderes e integrantes de estas agrupaciones y quienes adquirieron su carrito convencidos de que pagándoles una cuota no tendrían problema con las autoridades. Ellos son ahora víctimas de esas personas", dijo Osuna.
El gobernador reveló que debido a este problema pondrá en marcha un plan de apoyos especiales para que ellos puedan legalizar la situación de su unidad, pagando sólo una parte del monto que se exige por ley para que pueda tener sus papeles y placas en orden.
Para que esto ocurra, señaló el mandatario estatal, deberán cumplir dos requisitos básicos: Interponer una denuncia formal ante la fiscalía contra quien resulte responsable por falsa documentación utilizada en vehículos irregulares y pagar un costo por la legalización de su unidad, cuyo monto lo definirán la próxima semana.
Según Osuna, este no es un programa de regularización de vehículos "chuecos" ni un perdón fiscal, porque deberán pagar y ponerse al corriente.
Por su parte, el líder de Anapromex, Fidel Villanueva, declaró a medios locales de Ensenada que será hasta el próximo lunes cuando llamará a todos sus socios para darles a conocer la situación jurídica del gremio y qué postura tomarán.
