Tijuana.- Es cierto, los crímenes de alto impacto han disminuido este año en la ciudad. Ya no son frecuentes los cadáveres colgados en puentes o los decapitados dejados en terreno baldíos en colonias populares; tampoco los tiroteos en sitios concurridos.
A menudo, en diversos actos públicos, funcionarios locales se vanaglorian del descenso de la violencia en la frontera. "Sólo 326" muertes violentas hasta el 25 de agosto de este año, un 18 por ciento menos que en el mismo periodo de 2010.
Sin embargo, olvidan la cuenta pendiente que tienen con los familiares de cientos de desaparecidos en Baja California, pese a los descubrimientos de fosas clandestinas.
Justo para que las autoridades y la comunidad hagan memoria, unos 40 miembros de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California se reunieron durante dos horas, a partir de las 2 de la tarde, en la glorieta Independencia, en la zona Río, este domingo 28 de agosto.
La manifestación fue celebrada en el marco del Día Internacional de los Desaparecidos, que se lleva a cabo en varios países el 30 de agosto, dijo Fernando Ocegueda, presidente de la unión que representa a familiares de 130 desaparecidos en el estado.
Diversas asociaciones civiles afirman que en Tijuana al menos hay 433 casos documentados de personas desaparecidas desde 1997, el 80 por ciento de los casos sucedieron de 2007 a la fecha.
Alrededor de la glorieta fueron colgados globos blancos y en el centro pegaron mantas con las imágenes de sus hijos, hermanos, padres, sobrinos y tíos desaparecidos.
Aunque los organizadores dijeron que sería una protesta pacífica y simbólica, los miembros aprovecharon para expresar su inconformidad con las autoridades, que han sido ineficaces para investigar los casos y dar con los responsables pero, sobre todo, dar con el paradero de los cuerpos de las víctimas.
"Las autoridades nos han obligado a que nosotros seamos los investigadores de los casos de los desaparecidos, porque cada dependencia se pasa la bolita y no hacen nada. A mí ya no me interesa quién fue ni porqué, sólo quiero los restos de mi hijo para darle cristiana sepultura", dijo Irma Leyva, de 60 años.
Ella es madre de Diego Alonso Hernández, un joven ex policía ministerial que fue "levantado" el 11 de enero de 2007 en Mexicali por una célula del cártel de Sinaloa que operaba en la capital del estado bajo el mando del ex comandante de la Policía Ministerial, José Ramón Velásquez Molina, de acuerdo a un video difundido cuatro meses después de la desaparición y donde también se involucraba a altos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Leyva aseguró que el caso lo denunció primero en la PGJE, quienes la mandaron después a la Procuraduría General de la República (PGR) y éstos a su vez a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo). Ellos le dijeron que no podían hacer nada, que el caso le competía a la PGJE.
"Han pasado cuatro años y el caso sigue donde mismo, es decir, estancado", agregó.
El fiscal del estado, Rommel Moreno, ha declarado que la PGJE sí está investigando los casos de secuestros y "levantones" e incluso nombró a un fiscal especial; sin embargo en la práctica no se han visto grandes avances al respecto.
Silvia Martínez Rojas, de 28 años, también acudió el domingo a la protesta. Ella es esposa de Rodrigo Rivas García, a quien vio por última vez el 14 de agosto del año pasado.
Apenas le sale la voz y las lágrimas le ahogan su discurso cuando intenta explicar qué fue lo que le pasó a su marido, con quien tenía casada cinco años. Él trabajaba como electricista, cuando desapareció iba rumbo a Mexicali para atender un asunto legal.
"Mi cuñado denunció a la PGJE tres días después de que no supimos de Rodrigo, pero hasta la fecha no me han hablado para decirme cómo va la investigación", dijo Martínez.
Fernando Ocegueda manifestó que no confían en las autoridades locales. El nombramiento de Fermín Gómez, quien fue subprocurador de la Siedo estatal, como delegado de la PGR les perjudica.
"Cuando estuvo en el estado no investigó los casos de desaparecidos, que eran de su competencia, ahora mucho menos lo hará", dijo.
Ocegueda explicó que él está investigando los lugares donde narcotraficantes pudieron haber enterrado los
cuerpos de personas secuestradas o levantadas en base a algunas declaraciones de criminales, como la de Santiago Meza "El Pozolero", quien confesó haber intentado desaparecer en ácido unos 300 cadáveres que le fueron llevados a unas ocho fincas donde operaba.
Sus propias indagaciones le llevaron a descubrir un lugar en la colonia Valle Bonito, al este de la ciudad, donde fueron hallados restos orgánicos de seres humanos. Ya las autoridades habían descubierto huesos de diez cadáveres en una vivienda del Ejido Ojo de Agua, también al oriente de la urbe, una de las últimas casas donde operaba "El Pozolero".
A partir de la localización de más lugares, Ocegueda dijo que tiene el aval de la fiscal federal Marisela Morales para que un escuadrón especial de la Siedo busque los cadáveres en las fosas clandestinas señaladas.
Al filo de las 3:15 de la tarde los familiares de los desaparecidos guardaron un minuto de silencio ante la mirada de decenas automovilistas que a esa hora pasaban por ahí. Luego los miembros de la asociación leyeron los nombres de las víctimas, mientras unos lloraban y otros rezaban.
omar.millan@sandeigored.com
