Tijuana.- El teniente coronel Julián Leyzaola dio a conocer el viernes que renunciaba al cargo de Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California, puesto en el que había permanecido desde enero pasado.
El estado dio a conocer en un comunicado la carta de renuncia de Leyzaola, donde manifiesta que la solicitud de su baja es debido a situaciones de carácter personal.
"Me veo en la necesidad urgente de atender asuntos ajenos a mi actividad laboral y que requieren necesariamente de mi atención personalizada, por lo que presento a usted mi renuncia", dijo el teniente coronel refiriéndose a Daniel de la Rosa, secretario de Seguridad Pública en la región.
Leyzaola agradeció las atenciones que le brindaron durante el tiempo que trabajó en ese puesto, según el comunicado. Mientras su jefe también le agradeció y le deseó éxito en sus futuras tareas profesionales.
El pasado miércoles, Leyzaola estuvo en la firma de la operación conjunta del Centro Estatal de Denuncias Anónimas 089, que se llevó a cabo en la galería El Cubo del Centro Cultural Tijuana.
Ahí, y luego de que se terminara el evento, habló sobre cómo los grupos criminales en Tijuana ya no significaban una organización real ni tampoco se podía hablar de un cártel de la droga que tuviera el control absoluto de la ciudad.
Eso, dijo, gracias a que la actividad policíaca estaba siendo efectiva en las labores de vigilancia y operaciones, pero sobre todo a que ningún funcionario público de la corporación estaba siendo sobornado, como antes hacía el crimen organizado.
Leyzaola, un teniente coronel del Ejército retirado, fue también secretario de Seguridad Pública de Tijuana en 2009 y 2010 y director de la Policía Municipal en 2008, cargos desde donde confrontó directamente a narcotraficantes en medio de una guerra entre los cárteles de Sinaloa y los Arellano Félix que se disputaban la ciudad y que dejó en esos tres años dos mil 325 muertes oficiales y 390 personas desaparecidas.
En ese periodo realizó una purga al interior de la corporación sin precedentes: Más de 600 agentes bajo sospecha de corrupción renunciaron o fueron expulsados, 84 de ellos incluso fueron arrestados presuntamente por trabajar con cárteles de la droga. Pero también fueron asesinados 43 policías a su mando.
Además, durante el año pasado y aún siendo secretario de Seguridad Pública de Tijuana, la Procuraduría de los Derechos Humanos lo acusó de tortura. El caso aún sigue abierto.
En una entrevista con este medio en noviembre del año pasado, Leyzaola explicaba que esas denuncias en su contra él las veía más como un medio de defensa que se les brindaba a narcotraficantes que él había ayudado a encerrar.
"Esta gente (los narcotraficantes) se quiere cobijar en los Derechos Humanos para evitar ser juzgados, vulnerados sociales y, la realidad, tal vez para quitarme de aquí. Porque yo soy una piedra en el zapato para ellos. Y es una de las vías por las cuales pudieran quitarme de este lugar", dijo durante una entrevista en noviembre con San Diego Red.
