SAN DIEGO.- Los atentados a las Torres Gemelas del pasado 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York sacudieron por completo el sistema de inmigración de los Estados Unidos.
El reforzamiento de las redadas, mayor militarización en la frontera, incremento en la información que se comparte a nivel estatal, nacional e internacional y el aumento considerable en los tiempos de espera para cruzar de un país a otro, son algunas de las consecuencias de aquel inolvidable día.
En el olvido quedaron las pláticas entre los presidentes Vicente Fox de México y George Bush de los Estados Unidos, que apenas cinco días antes del ataque, lucían favorables a una posible reforma de inmigración para beneficiar a millones de personas que residían en la Unión Americana.
El tema pasó de ser una cuestión económica a un "problema" de seguridad nacional.
En gran parte, debido a que los terroristas que llevaron a cabo los atentados eran de origen extranjero y habían violado las reglas de inmigración para estar en el país. Acto seguido, la federación se comprometió a reforzar el sistema.
El resultado fue que autoridades federales "criminalizaron" a la comunidad inmigrante y ahora, son vistos como una especie de amenaza a la soberanía nacional, según defensores de los inmigrantes.
"Sin duda originó un clima de xenofobia hacia cualquier persona de aspecto extranjero", mencionó Christian Ramírez, coordinador nacional de la organización Comité de Amigos Americanos, dedicados a la protección de los derechos de inmigrantes.
Inclusive, fue a raíz de este ataque que nació el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), del cual se desprenden la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Al respecto, el activista lamentó que la creación de este nuevo organismo haya derivado en una serie "violaciones a los derechos de muchos indocumentados".
"Con el pretexto de proteger al país, este departamento realiza campañas de hostigamiento que sin duda vienen a afectar a muchos inmigrantes", agregó.
Ramírez quien llegara al Comité de Amigos Americanos en 2001, calificó la década después del 11 de septiembre como una época de "persecución, terror y separación familiar" para inmigrantes en una región fronteriza como San Diego.
De acuerdo a un reporte publicado por el Instituto de Políticas de Inmigración (MPI), agencias como ICE o CBP han duplicado su presupuesto y personal de 2002 a la fecha.
En aquel entonces, CBP contaba con un presupuesto de 5 mil millones de dólares que para 2010, aumento a más de 11 mil millones. Por su parte, en 2002, ICE contaba con fondos de 2 mil millones que para el pasado año fiscal se registran en casi 6 mil millones de dólares.
A consecuencia de ello, se ha reportado un notable incremento en redadas de inmigración, alcanzando en 2010 una cifra record de casi 400 mil personas deportadas, a diferencia de 174 mil que se registraron en 2004.
El incremento de personal de las agencias migratorias también derivó en la fortificación de la barda que separa Estados Unidos de México.
Derivado de ello, se reportaron 423 muertes de indocumentados en 2009, año que se dio la construcción de la segunda barda fronteriza, a lo largo de la zona limítrofe con México, la mayoría, porque se vieron obligados a buscar formas más peligrosas para cruzar y buscar "el sueño americano".
No importó que el atentado fuera a 3 mil millas de distancia, la comunidad fronteriza recibió un fuerte impacto del cual, a una década no se ha podido recuperar.
De inmediato, se vio reflejado en el evidente martirio que se convirtió cruzar la frontera, en una región como San Diego y Tijuana que geográficamente, están a minutos de distancia.
Esto a consecuencia de un sistema de identificación de viajeros más riguroso y mayor control para emitir visas.
"El sistema de inmigración norteamericano que tenemos hoy en día, marcado por un intenso enfoque en la seguridad nacional y control de la frontera, es el legado que tenemos del 11 de septiembre", declaró Muzaffar Chishti, coautor del reporte de MPI.
Con la llegada del Departamento de Seguridad Interna, ahora comandado por Janet Napolitano, se propició una coordinación entre la policía local y las agencias de inmigración, reflejado en programas como el 287(g) y Comunidades Seguras.
La primera permite a policías locales de corporaciones que desean participar en ese programa, cuestionar el estado migratorio de los detenidos para analizar su deportación a aquellas corporaciones que deseen participar.
Por su parte, Comunidades Seguras autoriza a las fuerzas policiacas a procesar huellas digitales en bases de datos federales para determinar si la persona se encuentra de manera legal en el país.
"Uno de los impactos más importantes y menos analizados tras el 9/11 ha sido el nacimiento de una nueva generación de base de datos que permite compartir información entre agencias", comentó la coautora Doris Meissner, quién fuera Comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización en la década de los noventa.
Movilizaciones y propuestas de ley para arreglar el sistema inmigratorio han existido en distintos estados del país, pero hasta la fecha, los avances no han sido lo esperado.
Hoy en día, cualquier iniciativa de ley que abarque el tema migratorio es pasado a segundo plano y a una década de los atentados, la comunidad indocumentada sigue sin ver la luz al final del túnel.
Alexandra.mendoza@sandiegored.com
