Chicago, 10 ago (EFE).- Grupos pro reforma cuestionan la decisión de Inmigración de imponer "Comunidades Seguras" a los 50 estados del país y realizan una campaña de apoyo al gobernador Pat Quinn por su decisión de oponerse al polémico programa en Illinois.
"El gobernador enfrentó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por nosotros y ahora es el momento de defenderlo", dijeron hoy los promotores de la campaña.
Organizaciones como la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) y America's Voice pidieron a la comunidad que envíe cartas de apoyo a Quinn y de rechazo al gobierno del presidente Barack Obama por "socavar las decisiones de Illinois, adoptadas en el mejor interés del estado".
Quinn suspendió el 4 de mayo pasado la participación de 26 condados de Illinois en el programa, iniciada en el 2009.
Asimismo se supo que en el condado Cook, el mayor del estado y donde se asienta Chicago, el alguacil Tom Dart había interrumpido antes los contactos con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para integrarse al programa.
"El gobernador respondió a las preocupaciones de la gente sobre las deficiencias del programa, que se desvió de su meta inicial de perseguir criminales peligrosos y apuntó a la deportación de una cantidad increíble de gente buena", afirmaron en un comunicado.
Sin embargo, agregaron, esto no parecería importarle al ICE por su decisión de dejar sin efecto los acuerdos pactados e imponer el programa a los 50 estados.
ICE informó el viernes que ampliará la aplicación del programa "Comunidades Seguras", aún cuando los gobiernos estatales no quieran participar, y dejó sin efecto los acuerdos hasta ahora pactados.
En una carta enviada a 40 gobernadores y funcionarios locales, el director de ICE, John Morton, explicó que su agencia busca eliminar la confusión que ha creado "Comunidades Seguras" respecto a si esos acuerdos eran verdaderamente necesarios para aplicar el programa en las jurisdicciones locales.
"Están decididos a luchar a cualquier precio para obligar la aplicación de un programa fallido en todas las comunidades del país", dijeron los activistas.
"Es un plan para anular una decisión de principios adoptada por el gobernador Quinn para desligar a Illinois de un programa peligroso", agregaron.
El programa "Comunidades Seguras" permite que las autoridades locales compartan con el Gobierno federal las huellas digitales y otros datos biométricos de los indocumentados en cárceles locales y de los condados.
Los presos con serios antecedentes penales quedarían sujetos a un proceso de deportación, pero según los activistas el programa se ha enfocado en personas con infracciones menores de tránsito u otros delitos de menor cuantía.
En las cartas solicitadas a la comunidad los activistas piden el apoyo a la decisión del gobernador de suspender el programa, por considerar que ha provocado "deportaciones masivas" de indocumentados en todo el estado.
Sugieren asimismo una cláusula donde se sostiene que "es equivocada" la decisión de tratar de imponer el programa en Illinois, porque el Departamento de Seguridad Nacional "ha engañado reiteradamente a nuestro estado, a nuestros jefes policiales y comunidades sobre sus metas e implementación".
Según ICIRR, en los memorandos de entendimiento ahora suspendidos se establecía el marco de la relación e incluían cláusulas que daban a los estados la potestad de terminar su participación en el programa.
La decisión unilateral de anular los acuerdos "es una muestra clara de la mala fe del Departamento de Seguridad Nacional", agrega.
La coalición afirma que el gobierno tiene que demostrar su autoridad legal para apoyar la afirmación de que "Comunidades Seguras" es un programa obligatorio a nivel federal.
ICIRR cuestiona la existencia de dicha autoridad y cree que el programa "es vulnerable a una demanda legal".
