Phoenix, 6 sep (EFE).- Arizona se convirtió en el primer estado del país en imponer el cobro de una tarifa para toda persona mayor de 18 años que desee visitar a un reo en las cárceles, lo que ha generado no solo una demanda judicial sino el rechazo de activistas.
El pasado julio entró en vigor la medida que autoriza el cobro de una tarifa única de 25 dólares con el fin de verificar la identidad y el récord criminal de la persona que desea visitar a un preso.
Pero en opinión de Lydia Guzmán, activista y representante del grupo Respect/Respecto, que la nueva regulación afecta especialmente a familias de bajo recursos, entre ellas hispanas y de inmigrantes en Arizona.
"Hay muchas personas sin empleo que están pasado serios problemas económicos y este tipo de gastos adicionales no los pueden tener", sostuvo en entrevista con Efe.
Para la activista este cobro es innecesario ya que las cárceles verifican la identidad de toda persona que ingresa a los centros penitenciarios estatales de visita.
El grupo Middle Ground Prison Reform y familiares de reos presentaron el mes pasado una demanda ante la corte superior del condado Maricopa contra el cobro, del que están exentos los abogados de los presidiarios.
La demanda argumenta que es inconstitucional el imponer una tarifa a un grupo específico de personas con el fin de recaudar fondos para fines públicos ya que uno de los propósitos de la ley es obtener dinero para el mantenimiento de las cárceles.
Por su parte, los abogados del estado buscan que la querella sea desestimada.
