Chicago, 7 sep (EFE).- La oficina del alguacil del condado Cook dejará de entregar indocumentados a Inmigración en sus cárceles de Chicago y suburbios, según una ordenanza presentada por el comisionado méxico americano Jesús G. García y apoyada por una coalición pro inmigrante y empresarial.
"Agradezco la valentía de mis colegas al votar una ordenanza que nos permite avanzar un paso más hacia la solución final" del problema migratorio, dijo García en conferencia de prensa.
Momentos antes, la Junta de Comisionados había aprobado la ordenanza con 10 votos a favor, 5 en contra y una abstención, poniendo fin a la cooperación del mayor condado de Illinois con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Esa colaboración era un procedimiento denominado "hold", por el cual un indocumentado apresado por una infracción menor puede quedar detenido 48 horas extras aunque haya pagado fianza y deba ser liberado por el delito cometido.
Esa permanencia, que permite a ICE iniciar procedimientos de deportación contra los detenidos en la mayoría de los casos, tiene un costo económico calculado en 15,7 millones de dólares anuales que lo paga el condado.
ICE tampoco indemniza al condado en posibles demandas y otras compensaciones por daños que puedan resultar de detenciones equivocadas, deportaciones o posibles muertes o lesiones sufridas por individuos retenidos más allá del tiempo autorizado.
"En Estados Unidos no se detiene a la gente sin causa probable, es una violación de garantías constitucionales como el debido proceso y la protección igualitaria", agregó.
Según se discutió antes la votación, una "retención no es un mandato judicial de detención", y por lo tanto las retenciones de ICE "no son obligatorias, sino un pedido de colaboración".
"Tenemos que divorciar a nuestro condado de este proceso", dijo la comisionada Joan Patricia Murphy.
La presidenta de la junta de comisionados, Toni Preckwinkle, dijo a su vez que con esta ordenanza Cook sigue los pasos de otros condados del país, incluyendo California y Nuevo México.
"No estamos violando ninguna ley federal, y esta ordenanza no impide que ICE cumpla con su trabajo", dijo Preckwinkle.
El alguacil Tom Dart, que no participó de la discusión aunque su presencia se había anunciado, adelantó meses atrás a periodistas que su departamento tenía a estudio la posibilidad de dejar de colaborar con ICE en las cárceles del condado.
En su opinión, la seguridad pública es comprometida con esta colaboración porque el papel de las cárceles en el problema migratorio erosiona la confianza de las comunidades inmigrantes en el papel de los servicios de seguridad.
La oficina del alguacil dejó de informar tiempo atrás a ICE sobre el estatus migratorio de sus prisioneros, y los agentes de Inmigración no tienen acceso a las celdas de las cortes donde aguardan los detenidos a la espera de audiencias de fianza.
Inclusive en la cárcel del condado ubicada en las calles 26 y California, cerca del barrio mexicano La Villita en el suroeste de la ciudad, se han colocado carteles en inglés, español y polaco donde se avisa a los reclusos que no están obligados a responder preguntas sobre su estatus migratorio.
En el condado Cook ya regía una ordenanza de santuario que prohíbe a la policía preguntar sobre el estatus migratorio de los detenidos, o que se nieguen servicios a indocumentados.
El gobierno de Illinois fue el primero además en retirarse del programa Comunidades Seguras de Inmigración el 4 de mayo, con el apoyo de legisladores, jefes policiales y líderes comunitarios.
Comunidades Seguras, que ICE aclaró más tarde es obligatorio, permite que las huellas digitales tomadas por la policía a sospechosos detenidos sean enviadas a Inmigración para su comparación con sus archivos y los de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
