Washington.- El Censo de 2010 confirma a los latinos como el segmento de mayor crecimiento en Estados Unidos, pero eso no equivale a más poder político, ya que en Washington y en las legislaturas estatales se imponen las voces de quienes buscan frenar esa "invasión" extranjera.
Estado por estado, los hispanos han registrado un "boom" demográfico y, según los resultados que suelta a cuentagotas la Oficina del Censo, han aumentado su representación tanto en porcentajes como en números brutos.
El crecimiento poblacional de los hispanos seguirá siendo en las próximas décadas el gran suceso político en Estados Unidos: los votantes latinos contribuyeron a la victoria electoral del presidente Barack Obama en 2008, y fueron clave en los comicios legislativos de noviembre de 2010.
Sin embargo, en paralelo a ese creciente poder político de los latinos, también crecen las voces de quienes piden combatir la inmigración ilegal, e incluso restringir la inmigración legal.
El resultado es el perenne choque de grupos que piden una reforma migratoria que reconozca y premie las contribuciones de los inmigrantes y de grupos, en su mayoría conservadores, que piden mano dura contra los once millones de indocumentados en Estados Unidos
El año pasado, el Gobierno de Obama gastó cerca de 5 mil millones de dólares para deportar a unos 393 mil inmigrantes indocumentados.
El calendario de 2010 estuvo lleno de expectativas sobre la aprobación del "Dream Act" para la legalización de estudiantes indocumentados, o de cualquier avance en una reforma migratoria integral.
Ninguno de los dos proyectos de ley prosperó. El "Dream Act" fue aprobado en la Cámara de Representantes en diciembre pero ese mismo mes quedó sepultado en el Senado.
Mientras, varias legislaturas estatales buscan llenar el vacío del Congreso en el área de inmigración, y han promovido o aprobado medidas similares a la SB1070 de Arizona, para causar la asfixia económica de los indocumentados y obligarlos a marcharse del país por su cuenta.
Este año, medidas inspiradas en la SB1070 han sido presentadas en California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas y Wyoming.
Aún así, los activistas pro-inmigrantes tienen presente la promesa que hizo Obama durante su campaña presidencial en 2008, cuando dijo que su Gobierno sería distinto al de su antecesor e impulsaría una reforma migratoria integral.
Obama lamentaba entonces que las comunidades inmigrantes fuesen "aterrorizadas por las redadas" de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y sufrieran la fragmentación de sus familias.
En 2011, la situación sigue igual: el Congreso no tiene previsto debatir ningún proyecto de ley relacionado con la reforma migratoria, y los republicanos que controlan la Cámara de Representantes más bien promueven medidas para reforzar la seguridad fronteriza.
Para apaciguar a grupos conservadores que acusan a Obama de ser "blando" sobre la seguridad fronteriza, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, subraya que la Administración Obama "ha deportado a más inmigrantes indocumentados que nunca".
En los últimos dos años fiscales, el Gobierno de Obama ha expulsado de Estados Unidos a 779 mil indocumentados, lo que supone una cifra récord, según dijo la propia Napolitano durante un discurso reciente en la Universidad de Texas en El Paso.
La estadística es impresionante pero no parece persuadir a los conservadores, que hace mucho tiempo retiraron su apoyo a la reforma migratoria.
Esa cifra récord, sin duda, ha sido posible gracias a programas como el controvertido "287g", que permite que la policía local colabore con las autoridades de Inmigración para la deportación de indocumentados.
Como una deportación masiva sería costosa e inviable, en la guerra de "desgaste" contra los indocumentados las autoridades recurren al "287" y también al programa federal "E-Verify", que exige a las empresas verificar el estatus migratorio de sus empleados.
La Casa Blanca mantiene que Obama sigue comprometido con la reforma migratoria. Los grupos pro-inmigrantes ya han oído esto muchas veces y esperan que, este año, haya un esfuerzo serio y con resultados palpables, no sólo en las cifras de deportaciones.