Chicago, 8 ago (EFE).- Unas 30 familias inmigrantes acusaron hoy al alguacil del condado Cook y a la policía de Chicago de violar una ordenanza que protege a los indocumentados de procedimientos realizados por Inmigración en las cárceles.
"Hay una ordenanza de santuario vigente en el condado (donde se asienta Chicago) que prohíbe preguntar sobre el estatus migratorio de detenidos, y que la policía realice el trabajo de Inmigración", dijo a Efe el pastor salvadoreño José Landaverde.
Sin embargo, las deportaciones de indocumentados estarían aumentando por la colaboración de la policía y la oficina del alguacil con agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agregó.
Landaverde, de la misión anglicana Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en el barrio mexicano La Villita del suroeste de Chicago, presentó a familias de detenidos por delitos menores que se encuentran retenidos por Inmigración en cárceles del condado.
"Pagaron fianzas pero aun así los dejaron en 'hold' (espera) durante 48 horas para que ICE inicie los procedimientos de deportación", afirmó.
Entre los casos presentados se mencionó al inmigrante mexicano Jaime Duarte, detenido en Chicago por la policía por haber estacionado su automóvil en un espacio dedicado a discapacitados.
Duarte, que no tenía licencia de conducir u otro documento de identidad, fue a parar a la cárcel del condado y allí fue retenido por ICE.
Grupos defensores de los indocumentados presentaron hoy una carta a Inmigración para evitar la deportación de Duarte, aduciendo que es responsable del cuidado de su esposa enferma y con severos problemas de sobrepeso.
Según Landaverde, "sobran otros ejemplos", como el de un inmigrante que fue detenido por error en Elgin (ciudad vecina a Chicago) y también fue derivado al ICE.
Los inmigrantes reclaman decisión al alguacil del condado, Tom Dart, quien dijo el mes pasado que su departamento estudiaba la posibilidad de dejar de colaborar con ICE en las cárceles del condado.
En una entrevista radial dijo que las retenciones tienen un costo económico que paga el condado.
Además, la seguridad pública se vería comprometida porque el papel de las cárceles en el problema migratorio erosiona la confianza de las comunidades inmigrantes en el papel de los servicios de seguridad, agregó.
Para los activistas encabezados por Landaverde, es tiempo de actuar, porque además del alojamiento extra de los indocumentados la oficina del alguacil debe hacer frente anualmente a decenas de demandas civiles por este tema.
La Misión Anglicana pidió además la intervención de los políticos electos latinos en el problema, porque "lo único que hacen es adornarse hablando".
En un comunicado sostuvo que "aunque los políticos quieren evitar el enfrentamiento, tienen que reconocer la realidad que vivimos" e intervenir para llamar a responsabilidad tanto a la oficina del alguacil como al Departamento de Policía de Chicago.
