Washington, 2 ago (EFE).- El Gobierno del presidente Barack Obama ha dejado en claro, en sendas demandas contra Arizona y Alabama, que es el único encargado de aplicar las leyes de inmigración, pero eso no frena a gobiernos estatales que insisten en crear un infierno para los indocumentados.
Tal como lo hicieron contra la ley SB 1070 en Arizona en 2010, el Departamento de Justicia, y varios grupos cívicos y religiosos han entablado demandas paralelas para frenar la puesta en marcha de la HB 56 en Alabama el próximo 1 de septiembre.
La ley de Alabama, promulgada el pasado 9 de junio por el gobernador republicano Robert Bentley, supera con creces la SB 1070 de Arizona, porque además de convertir en criminales a los indocumentados, deja una huella indeleble en toda su vida cotidiana.
De continuar su rumbo, la HB 56 prohibirá a los indocumentados en Alabama el acceso al trabajo, la vivienda, el transporte y la escuela. También castiga a quienes les contraten u ofrezcan cualquier tipo de ayuda.
Si, por mala suerte, son detenidos en la calle por una infracción de tránsito y levantan sospechas de ser indocumentados, la policía podrá exigirles "papeles".
La HB 56 también exige que el empresariado participe en el programa federal "E-Verify" para confirmar el estatus migratorio de sus empleados, de manera que se cierren las fuentes de sustento para los extranjeros clandestinos.
El Gobierno del presidente Barack Obama ha vuelto a argumentar que es el único con la facultad para hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos, y que los estados no pueden crear sus propias leyes.
Los grupos cívicos, entre ellos MALDEF, la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) y el Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC), señalan que la HB 56 es "draconiana" y viola los derechos constitucionales de los residentes de Alabama, sin importar su estatus legal.
Los grupos religiosos, que representan a centenares de miles de católicos y protestantes en Alabama, agregan que la HB 56 atropella las enseñanzas bíblicas e interfiere "con el mandato divino de imitar al buen samaritano".
El año pasado, una juez federal bloqueó las partes más controvertidas de la SB 1070 en respuesta a una demanda del Departamento de Justicia.
El titular del Departamento de Justicia, Eric Holder, presentó el lunes una demanda para frenar la HB 56, porque considera que ésta contraviene las leyes federales de inmigración.
Holder espera lograr el mismo resultado que obtuvo contra la SB1070. La juez federal Sharon Blackburn deberá pronunciarse sobre la HB 56 el próximo 24 de agosto.
Pese a acciones legales contra medidas similares en Utah, Indiana y Georgia, la SB 1070 sigue germinando, y creando a su paso una grave crisis de derechos civiles en el país.
El promotor de la HB 56, el representante republicano estatal Micky Hammon, cree que "la Administración Obama y sus burócratas han hecho la vista gorda al asunto migratorio" y se niegan a hacer cumplir las leyes vigentes.
"El permitir que centenares de miles de inmigrantes ilegales sigan sin restricciones y bajo el radar pone en peligro nuestra seguridad nacional y es un insulto para los que vienen de forma legal" a EE.UU., ha dicho Hammon.
Lo curioso es que los conservadores que impulsan medidas como la HB 56 suelen ser "pro-empresa" pero, al parecer, es mayor su deseo de asfixiar a la población indocumentada aunque eso suponga mermar las ganancias de los empresarios que financian sus campañas electorales.
La demanda del Departamento de Justicia sólo trata los síntomas del cáncer antiinmigrante en Estados Unidos cuando lo que se requiere es un tratamiento profundo, a largo plazo y definitivo, del problema de la inmigración ilegal.
El Gobierno de Obama se queja de que los estados intentan usurpar sus poderes para aplicar las leyes migratorias, y asiste impotente a la proliferación de medidas como la SB 1070 ante la ausencia de una reforma migratoria integral.
Pero entonces no debe permanecer impasible: la solución yace en una reforma migratoria integral, y debe continuar presionando hasta que el Congreso la apruebe.
