Atlanta, 27 jul (EFE).- Representantes de organizaciones políticas y comerciales de Georgia testificaron hoy en una audiencia en el Senado estatal sobre el impacto económico de la nueva ley de inmigración HB 87.
En la audiencia, presidida por el senador Curt Thompson (D-Tucker) y a la que no acudió ningún representante republicano, líderes de la Asociación de Restaurantes de Georgia (GRA), la Asociación de Productores de Frutas y Vegetales de Georgia (GFVGA) y de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO) expresaron preocupación sobre los efectos negativos de la ley.
"Esta ley ha provocado que muchas personas se sientan incómodas de permanecer en nuestro estado debido a lo que perciben como hostigamiento", declaró Karen Bremer, directora ejecutiva de la organización que agrupa a cerca de 2.500 restaurantes, ante los legisladores demócratas.
De acuerdo con una reciente encuesta de GRA, casi la mitad de los restaurantes de Georgia han experimentado escasez de trabajadores tras la aprobación de la ley estatal de inmigración HB 87, que entró en vigencia el 1 de julio.
El sondeo, en el que participaron 523 restaurantes de Georgia en su mayoría del área metropolitana de Atlanta, encontró que los restaurantes consultados han tenido en promedio pérdidas de entre 2.000 a 8.000 dólares al mes debido a falta de mano de obra.
Bremmer, al igual que los representantes de las otras industrias más afectadas hasta ahora por la entrada en vigor de la ley -la agricultura y la hostelería- expresaron su interés en poder trabajar en conjunto con los legisladores para encontrar una solución al problema.
"Esta audiencia básicamente buscaba actualizar a los senadores sobre cómo la ley HB 87 está afectando hasta ahora a las principales industrias del estado y destacamos la necesidad de que las empresas privadas y el gobierno trabajen juntas para encontrar una solución", declaró a Efe tras la audiencia Bremer.
La industria de servicios de alimentos, que emplea en Georgia a más de 375.000 personas y genera ganancias por cerca de 14.000 millones de dólares anuales, fue una de los primeros gremios en expresar su oposición a la medida que busca restringir la inmigración estatal en el estado.
La ley de inmigración estatal HB 87 entró en vigor el 1 de julio sin sus cláusulas más polémicas, una de las cuales permitía a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no puedan proporcionar una identificación válida y otra que buscaba penalizar a quienes transportaran o albergaran a indocumentados.
No obstante, la medida exige además a las empresas verificar el estatus migratorio de los nuevos empleados con la base de datos federal E-Verify.
En la audiencia participaron también Charles Kuck, miembro de GALEO y uno de los abogados que interpuso una demanda contra la ley el mes pasado; Bill Nigut, representante de la Liga Americana contra la Difamación y el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Frutas y Vegetales de Georgia, Charles Hall.
GFVGA encargó la pasada semana un estudio para analizar las repercusiones económicas de la nueva ley migratoria en la industria agrícola del estado, que en el último mes experimentó la mayor escasez de trabajadores en décadas.
De acuerdo con una encuesta llevada a cabo por el Departamento de Agricultura de Georgia antes de la entrada en vigor de la ley, la industria agrícola, que genera ingresos por más 68.000 millones de dólares al año, tenía cerca de 11.000 puestos de trabajo vacantes.
