Chicago, 22 ago (EFE).- Las protestas de padres latinos contra la demolición de un anexo escolar fueron la base de una ley promulgada por el gobernador de Illinois, Pat Quinn, para dar transparencia a las decisiones sobre cierres o construcción de escuelas públicas en Chicago.
"Las comunidades locales tienen que poder hacerse escuchar cada vez que una decisión local impacte sus vidas", dijo Quinn al firmar la ley el sábado en un acto realizado en el Instituto de Artes Puertorriqueño del barrio Humboldt Park.
A su lado estuvieron la senadora Iris Martínez, de origen puertorriqueño, y la representante méxicoamericana Cynthia Soto, ambas demócratas de Chicago e impulsoras de la iniciativa en la Asamblea legislativa estatal.
La ley sobre transparencia y responsabilidad en la planificación escolar obliga a las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) a dar mayor intervención en sus decisiones a la comunidad.
Todos los años, con fecha 1 de diciembre, los padres tendrán que ser avisados sobre los planes para cerrar, consolidar o construir escuelas en el próximo año lectivo, como forma de que puedan informarse y prepararse para participar en las audiencias públicas donde se discutirán los cambios.
Ante cualquier cambio significativo que pueda ocurrir en el funcionamiento de una escuela, padres y alumnos deberán tener más opciones para transferirse a escuelas con mejor rendimiento y recibir servicios de apoyo.
Se establece además que el sistema de educación pública elabore un Plan Maestro de construcciones escolares para los próximos diez años, cuyo cumplimiento será evaluado por una comisión especial.
CPS tiene 405 mil alumnos en 675 escuelas primarias y secundarias, de los cuales un 40 por ciento es de origen latino.
Soto dijo que la idea del proyecto de ley inicial surgió después que sus constituyentes de los barrios latinos de la ciudad se quejaran que se estaban haciendo cambios en las escuelas, incluyendo el cierre de edificios, sin participación de la comunidad.
La situación empeoró el año pasado cuando un grupo de padres latinos ocupó durante 43 días en anexo de la escuela Whittier, del barrio Pilsen en el suroeste de la ciudad, en una disputa sobre la construcción de una biblioteca.
Los padres querían reconstruir "La casita", como llaman al anexo, y CPS ordenó su demolición por razones de seguridad.
La biblioteca reclamada se instalaría en uno de los salones del edificio principal de la escuela, que tiene unos 600 alumnos en su mayoría hijos de inmigrantes mexicanos.
La ocupación fue suspendida después de negociaciones con las autoridades escolares pero el entredicho no fue resuelto, al punto que este año se repitieron las medidas de fuerza de los padres frustrados por la falta de respuesta.
CPS insistió con la adaptación de un salón escolar como biblioteca y los padres impidieron el trabajo de los obreros, por lo que la obra quedó en suspenso al no poder aprovecharse las vacaciones de verano.
El nuevo director ejecutivo de CPS, Jean-Claude Brizard, retomó las negociaciones con los padres y evitó la repetición de un problema que hace 10 años puso a padres latinos en el centro de una huelga de hambre en demanda de mejoras escolares.
Durante 19 días y en el barrio mexicano La Villita, 14 padres realizaron el ayuno para exigir la construcción de una nueva secundaria que aliviara los problemas de sobrepoblación que sufrían los centros de la zona.
Los padres fueron atendidos y en 2005 se inauguró un complejo súper moderno de cuatro escuelas pequeñas que atiende a la población estudiantil del área.
Soto dijo que la nueva ley evitará la repetición de estos problemas "porque se asegura una mayor participación comunitaria para cuando se fijen las prioridades" escolares.
"Illinois, y Chicago en particular, se convierten en modelos de planificación escolar, transparencia y responsabilidad", agregó.
Según la senadora Martínez, la nueva ley asegura que educadores, familias, funcionarios electos, agencias municipales y del gobierno estatal "se hagan escuchar en momentos de decisiones críticas" que impacten la educación.
