Washington, 16 sep (EFE).- El Grupo de Trabajo encargado de evaluar el controvertido programa federal "Comunidades Seguras", ha recomendado una serie de reformas para incrementar su transparencia y dar prioridad a la deportación de criminales.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) debe dejar en claro que quienes violan las leyes de inmigración o afrontan cargos por delitos menores "no son la máxima prioridad" para la deportación, a menos que supongan un "grave riesgo" para la seguridad pública o nacional, indicó el informe de 33 páginas, divulgado hoy en internet.
En ese sentido, la toma de huellas digitales dentro del programa ya no debería "conducir a los agentes federales a deportar a inmigrantes arrestados por policías locales por infracciones de tráfico menores", dijo el documento.
El Grupo de Trabajo recogió las críticas de los detractores de "Comunidades Seguras" de que el programa ha fracturado a las familias y comunidades inmigrantes y, ante el temor a la deportación, ha generado una mayor desconfianza hacia la policía.
El presidente del Grupo de Trabajo, Chuck Wexler, consideró lógico que la Policía pierda credibilidad en las comunidades si incluye en la lista de "deportables" a quienes cometen delitos de menor cuantía.
El programa "Comunidades Seguras" fue puesto en marcha en 2008 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el objetivo de deportar a criminales peligrosos, a los detenidos en la frontera y a quienes continúan violando las leyes de inmigración.
Bajo este programa, las Policías locales y estatales deben compartir las huellas digitales de todo detenido con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y con el DHS, que mantiene expedientes sobre infracciones migratorias.
El programa ha sido objeto de críticas de grupos cívicos y religiosos porque, según cifras oficiales, también se ha utilizado para deportar a personas por infracciones menores.
En el año fiscal 2010, cerca de 200.000 indocumentados sin antecedentes penales fueron deportados, según cifras oficiales.
Ahora, el Grupo de Trabajo, inicialmente conformado por 20 representantes comunitarios, policiales y sindicalistas, emitió sus recomendaciones al DHS para reformar el programa.
El Grupo, que realizó cuatro foros comunitarios para evaluar el programa, recomendó que el DHS "fortalezca los mecanismos para la rendición de cuentas, incluyendo medidas para la prevención de violaciones a los derechos y libertades civiles".
El documento criticó la confusión creada tras la puesta en marcha de "Comunidades Seguras" sobre si la participación de la policía local era o no voluntaria, y determinó además que, pese a las intenciones manifiestas del programa, éste ha tenido un impacto negativo en la seguridad pública.
"Si las personas no confían en la policía, tendrán menos voluntad de servir como testigos o denunciar crímenes. Por lo tanto, algunos miembros del Grupo de Trabajo creen que deben respetarse las decisiones de las jurisdicciones locales sobre su participación en Comunidades Seguras", indicó.
Cinco miembros del Grupo, incluyendo un activista a favor de una reforma migratoria y tres líderes sindicalistas, renunciaron el miércoles pasado por considerar que las recomendaciones no son suficientes para corregir un programa al que tacharon de demasiado fallido.
La meta del DHS es ampliar el programa a todo el país para 2013.
