Chicago, 17 ago (EFE).- Grupos pro reforma migratoria interrumpieron hoy el tránsito con carteles y cánticos en el oeste de Chicago frente al edificio donde se realizó una audiencia pública sobre el polémico programa Comunidades Seguras, además de presentar testimonios dramáticos de familias separadas por las deportaciones.
Luego, coreando "Let them in" (que los dejen entrar), lograron que los representantes de la comisión especial del Departamento de Seguridad Nacional dejaran ingresar a un grupo que había quedado afuera.
Ese grupo portaba carteles con la fotografía de John Morton, director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y la inscripción: "Buscado por perfil racial, aterrorizar comunidades, secuestro y violación de derechos humanos".
Al comienzo hubo gritos y abucheos cuando el encargado de la audiencia rechazó el contenido de una carta donde se les pedía que renunciaran a la tarea porque Inmigración "no actúa de buena fe y aprovecha estas audiencias con fines políticos".
Esa carta y otra dirigida a Morton fue firmada por funcionarios electos locales y estatales, así como representantes de más de 30 organizaciones comunitarias, empresariales y religiosas de Illinois.
A Morton se le reiteró el pedido de que respete la decisión del gobernador de Illinois, Pat Quinn, de suspender la colaboración del estado con Comunidades Seguras.
Los firmantes aseguraron que la reciente decisión de "terminar unilateralmente" con los memorandos de entendimiento y declarar obligatoria la colaboración de los estados con ICE, "desacredita los esfuerzos de esa agencia para reformar el programa".
"En lugar de solucionar el problema, ahora le dicen a los estados que no tienen otra opción sino colaborar con ellos", dijo Fred Tsao, director político de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados.
En cifras manejadas por la coalición, 75 por ciento de los detenidos en este estado y entregados a Inmigración para deportación son personas sin antecedentes criminales graves.
Esta cifra fue contradicha por una declaración previa de la comisión, según la cual entre octubre de 2008 y junio de 2011 hubo 120.684 deportados por este programa, y de ellos solamente 7.410 eran personas sin antecedentes.
Los testimonios comprendieron a Jorge Ávalos, cuyo hermano Ramiro fue deportado el mes pasado después que la policía detuvo su automóvil por sospechar de un amuleto colgado en el espejo retrovisor.
También Roberto Procopio y Susana Chinchilla, quienes se encuentran en proceso de deportación tras ser detenidos por infracciones menores de tránsito.
Carolina Rivera, madre de un pequeño, estalló en llanto al relatar que su esposo Arnulfo será deportado este viernes tras ser detenido por error y comprobarse que era indocumentado.
Por su parte, Mario de la Rosa dijo ser afortunado al contar con un abogado que ha evitado su deportación a México.
"He vivido en los Estados Unidos durante 10 años y formado una familia con esposa e hijos", contó.
Añadió que su situación fue descubierta cuando lo detuvieron por tener "una luz fundida en la trasera del carro", le tomaron las huellas digitales y pasaron al control de Inmigración.
"Ahora vivo con miedo de que me deporten y mi hijo incapacitado no pueda recibir ayuda médica", agregó.
A su lado, la abogada Mony Ruiz Velasco del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante de la organización Heartland Alliance de Illinois, agradeció la realización de la audiencia pero dijo que "con hablar no se arregla nada, el presidente (Barack) Obama tiene que hacer algo inmediatamente y terminar Comunidades Seguras".
La abogada señaló los "tremendos problemas" que enfrentan los indocumentados encarcelados a la espera de la deportación.
No tienen abogados de oficio, son detenidos en celdas aisladas y prisiones donde no tienen acceso a abogados y familiares, afirmó.
Esta organización presentó una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad Nacional por aplicar órdenes de retención contra detenidos mientras investiga su estatus migratorio.
Transcurridos unos 45 minutos de audiencia, la mayoría de los activistas se retiró de sala y volvió a la calle a interrumpir el tránsito.
La audiencia de Chicago es la tercera realizada por una comisión especial nombrada por la Secretaria de Defensa Nacional para revisar la marcha del programa y realizar recomendaciones.
Según los activistas, además de dejar sin efecto el programa el Inspector General del Departamento de Justicia debería investigar el papel de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Comunidades Seguras.
Asimismo, las críticas recogidas tendrían que aprovecharse para poner en marcha cambios en otros programas de ICE donde policías locales realizan funciones correspondientes a Inmigración.
Entienden que los estados y localidades no deberían ser obligados a participar en esos programas, incluyendo el envío de huellas digitales u otra información biométrica al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
