San Diego (California), 8 sep (EFE).- Un nuevo distrito electoral en el sur de San Diego de mayoría hispana y afroamericana puede ser la oportunidad para que estas comunidades se hagan oír, aunque hay quienes piensan que ambas minorías tienen distintos intereses.
En opinión de críticos, el nuevo mapa, aprobado esta semana por el Consejo de Supervisores del Condado de San Diego dominado por funcionarios republicanos y blancos, diluye el poder del voto hispano al dividir a comunidades latinas.
El consejo había programado la aprobación del mapa para el principio del verano, pero tuvo que modificar su propuesta original ante amenazas de demandas legales por parte de activistas, quienes consideraron que el mapa violaba derechos de votantes no blancos.
La propuesta aprobada deja el Distrito 1 como un área en el que el 51,84 por ciento de la población en edad de votar está conformada por grupos considerados tradicionalmente como minorías, el 43,56 por ciento hispano y el 8,28 por ciento afroamericano.
El supervisor Greg Cox dijo a Efe estar "satisfecho y orgulloso de haber ayudado a crear un distrito de mayoría hispana y minoría afroamericana, que también represento, y que es vibrante por su diversidad étnica, racial y cultural".
Cox pidió a sus colegas que diseñaran un nuevo mapa electoral que, a su vez, también preservara las recomendaciones del panel que elaboró el primer mapa.
En el corazón del debate se encuentra la pregunta sobre qué representación política merecen los hispanos en el condado, luego de que en la década del 2000 al 2010 sus números en general pasaran del 27 al 32 por ciento de la población.
Estos cambios deben reflejarse por ley en el diseño de distritos electorales, que ocurre cada 10 años a fin de que reflejen las cifras del Censo, mantenga unidas a las comunidades y evite que su representación política se vea afectada.
El mapa previo fue criticado por organizaciones de derechos civiles, particularmente por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de los condados Imperial y San Diego.
La abogada Lori Shellenberger, de ACLU, dijo a Efe que el nuevo distrito incrementará el poder político de hispanos y afroamericanos, y que su adopción también muestra que el Consejo de Supervisores puede cambiar cuando recibe presión por parte de los ciudadanos.
Shellenberger, quien lideró la pelea contra los planes originales de redistribución, dijo que "al crear esta mayoría entre los dos grupos, da a hispanos y afroamericanos la oportunidad de elegir a un candidato que represente sus intereses, y es significativo porque rompe con la tradición de mapas que tenían una mayoría blanca en el condado".
Para la abogada, la propuesta original representaría un debilitamiento ilegal del voto de minorías al unir a los hispanos y afroamericanos en las áreas sur de la bahía y central con las comunidades costeras que tienen largas concentraciones de votantes blancos.
Esa propuesta habría dejado en 48,8 por ciento el porcentaje de los habitantes de minorías en edad de votar del Distrito 1, y sería poco probable que pudiese haber alterado la composición actual del Consejo de Supervisores.
Sin embargo Mateo Camarillo, quien encabeza el Comité Latino de Redistritación, fue crítico del nuevo mapa, al considerar que de todas formas diluye el poder del voto hispano pues agrupa comunidades que no tienen relación entre sí.
"Me recuerda a la mona que se viste de seda, pues incluso con un 51 por ciento todavía es mona", dijo Camarillo a Efe.
Camarillo consideró que todavía será difícil que minorías logren elegir a un representante por el Distrito 1, que ahora está representado por Cox.
Shellenberger opinó que aunque legalmente el nuevo mapa satisface los requisitos del Acta de Derecho del Voto, todavía es preocupante la baja representación de hispanos en el norte del condado.
