El plan Acción Diferida para padres de Americanos y Residentes con Permanencia Legal (DAPA), cuyos decretos buscan garantizar derechos laborales así como la certidumbre de la no deportación a alrededor de 4 millones de indocumentados, fueron respaldados hoy por miles de manifestantes del movimiento Fight For Families quienes se colocaron afuera de la sede al comienzo de la jornada.
A pesar de ello, hubo señalamientos que aseguraron el panorama puede ser no muy alentador para los migrantes, dado que el ejecutivo podría necesitar el apoyo de los gobiernos conservadores que presentaron su negativa al DAPA (26 estados), así como la autorización de más de la mitad de los ocho jueces que constituyen una dividida corte.
La decisión que afectará a los llamados Dreamers y a la generación de padres, se dará a conocer en junio próximo cuando los partidos políticos presenten a sus candidatos presidenciales para las elecciones de este otoño.
Con información de La Jornaday RFI
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