Tras los diversos enfrentamientos con la policía, que ocurrieron después de la marcha. El jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa respondió ante las autoridades, que tomaron la decisión de actuar cuando el grupo de jóvenes comenzó a atacar y lanzar objetos, entre ellos bombas molotov contra los policías. Mientras tanto, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mencionó en un discurso televisado que de ninguna manera permitirá que el vandalismo en el Estado.
Pero la indignación de la sociedad por las agresiones de los autoridades responsables en el Zócalo, los llevó a realizar un comunicado el 21 de noviembre, ante el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC (IMDHD), y la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), e informan que presentarán denuncia penal ante fiscalía de servidores públicos y queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las agresiones sufridas el 20 en la plancha del Zócalo capitalino en contra de Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de REDIM y su familia, así como de Jesús González Alcántara, Coordinador de comunicación del IMDHD y su familia.
En el comunicado, las agrupaciones civiles narran los hechos de la noche del jueves, en el cual exigen justicia y hacen saber que es un derecho de todo ciudadano participar en protestas pacíficas, en el cual se menciona:
La obligación del Estado de detener a las personas que comenten delitos al amparo de marchas no puede ser usada como excusa para agredir a ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta pacífica.
1. Exigimos que el gobierno del Distrito Federal y Gobierno Federal expliquen públicamente quién diseño el operativo, quién dio la orden de atacar a manifestantes pacíficos y especialmente niños y familias.
2. Exigimos garantías para que las y los ciudadanos puedan ejercen su legítimo derecho a manifestase pacíficamente.
3. Demandamos una investigación que dé cuenta de los protocolos de actuación de policías y personal de seguridad vestidos de civil, y especialmente investigar las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas.
Fuente: Aristegui Noticias
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