MEXICO.- El Senado de México avaló ayer reformas constitucionales en materia de transparencia, entre las que destacan otorgar autonomía y mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) así como la obligatoriedad de informar de las instituciones públicas.
Los cambios obligan a cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno, entidad, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y sindicatos a entregar la información pública a los ciudadanos.
Con 88 votos y 6 en contra, los senadores modificaron los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución.
Las resoluciones del IFAI serán definitivas e inatacables en todos los casos, salvo cuando el consejero jurídico de la Presidencia de la República considere que puedan afectar la seguridad nacional.
En ese caso, el funcionario podrá impugnar el fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante recurso de revisión.
Además, otros órganos autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podrán interponer controversias ante el máximo tribunal cuando determinen que la actuación del IFAI interfiera con su labor.
Otro de los cambios es garantizar la imparcialidad del órgano de transparencia en el acceso a la información.
De igual forma, la enmienda establece los organismos estatales cuenten con autonomía y sean institutos especializados, imparciales y colegiados.
Asimismo, señala que los comisionados del nuevo órgano, cuyo número pasará de cinco a siete, deberán ser designados por dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado, a más tardar en un plazo de 90 días tras la entrada en vigor del presente decreto.
La iniciativa de reforma fue devuelta con modificaciones a la Cámara de Diputados luego de que los senadores realizaron una adición al artículo 105 constitucional para que la Suprema Corte pueda conocer las controversias interpuestas por los órganos autónomos del Estado.
Debido a que esta es una reforma a la Constitución, deberá contar con la aprobación de al menos 17 de los 31 congresos estatales del país.
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