De acuerdo con estos últimos y la demanda penal interpuesta, cuando Pérez Rico era jefe de Prestaciones Médicas de la delegación Regional del IMSS (2018-2019), junto un empleado del IMSS, Miguel Ángel Ruvalcaba Molina, estos les ofrecieron ganar una licitación para subrogar el servicio de hemodiálisis del Seguro Social en Baja California.
Para esto, Pérez Rico y su compañero les pidieron 100 mil dólares para una supuesta fianza que depositarían, además del 10% de acciones de la empresa que se crearía para la prestación de dicho servicio.
Sin embargo, Miguel Ruvalcaba aseguró que el acuerdo lo hacían directamente con Pérez Rico,a quien le entregó él mismo 61 mil 120 dólares clínica 36 del Seguro Social: El 27 de julio del 2018, fueron 27 mil dólares, el 17 de agosto, otros 22 mil dólares y el 09 de septiembre del mismo año fue la cantidad de 11 mil 920 dólares.
Además de esta cantidad de dinero, los denunciantes aseguran que invirtieron 7.2 millones de pesos en su clínica, ya que así lo requería el Seguro Social según les indicaron.
También, Treviño Avalos dijo que incluyeron al hermano de Miguel Ángel Ruvalcaba Molina, de nombre Francisco Sebastián, como socio de la empresa para asegurar que Pérez Rico obtuviera el 10% de ganancias; y que a pesar de esto y todo lo anterior no les cumplieron, ya que la licitación la ganó la empresa Clínica Clarial y no ellos, como se los habían prometido.
Después de ya no contestar a sus llamadas y enterarse que desde diciembre de 2018 su sociedad denominada Atención y Diagnóstico de Salud se había desechado, en enero de 2020 los denunciantes localizaron a Miguel Ruvalcaba, quien después de aceptar el engaño pidió dos meses de plazo para realizar los pagos, además de que mostró una serie de mensajes vía WhatsApp que sostuvo con Pérez Rico para solicitarle el dinero.
Por su parte, Pérez Rico también pidió un plazo para regresar el dinero, pero al no ver respuesta, Treviño Avalos y sus socios demandaron penalmente a los anteriormente referidos.
