Se trata, de una amplia mayoría de los ediles que pertenecen al Cabildo de Ensenada, que preside el alcalde Armando Ayala Robles, quienes dirigieron un recurso dirigido a la síndica municipal, Elizabeth Muñoz Huerta, con la intención de que interponga controversias constitucionales.
El recurso que solicita el 70 por ciento del Cabildo estaría dirigido contra el proceso legislativo que tuvo lugar en la sesión del 28 de julio, cuando todavía estaba a cargo la XXIII Legislatura de Baja California. A la petición se agrega inconformarse contra la publicación y promulgación del Decreto 289 que reforma la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable, y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.
Se argumenta que se violenta la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el mandato constitucional de invitar a los ayuntamientos a particupar en los trabajos de la comiisón, así como la autonomía de los ayuntamientos, al tomar una decisión tan relevante sin consultarlos.
Asimismo, se viola el artículo 115 de la Carta Magna, ya que no existe la aprobación de los ayuntamientos para conseguir la municipalización.
El documento dirigido a Muñoz Huerta lo suscriben, Carmen Salazar, Adolfo Muñoz, Yolanda Navarro, Carmen Jiménez, Diego Lara, Brenda Valenzuela, Marisol Sánchez, Alejandra Camargo y Dora de la Rosa.
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