David Alejandro y Nabor "N", ambos empleados de Banca Afirme, se fugaron a Estados Unidos después de que se iniciara un proceso legal en su contra, junto con 11 funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdez. El juicio está relacionado con un fideicomiso para asegurar los pagos de 17 mil millones de pesos destinados a la construcción de una planta de energía solar por parte de Next Energy.
Este caso se originó a fines del primer trimestre de 2022, cuando la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicitó a Banca Afirme la devolución de más de 120 millones de pesos. Esta suma había sido congelada para respaldar la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali.
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El contrato para la planta fue otorgado a la empresa "Next Energy". La administración anterior, liderada por Jaime Bonilla, había firmado un acuerdo en el que el estado se comprometía a comprar la energía de la planta para alimentar el sistema de bombeo del acueducto Río Colorado-Tijuana. Sin embargo, debido a la falta de ciertos permisos, el proyecto quedó inconcluso.
En abril de 2023, la entidad bancaria que sigue reteniendo los fondos solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revisara el caso. Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno bajacaliforniano, confirmó esta solicitud
La intención era examinar a fondo la información recopilada hasta el momento y las órdenes de aprehensión contra los representantes legales cuya identidad era desconocida en ese momento.
En cuanto al exgobernador Jaime Bonilla, sigue acusado de delitos por el contrato realizado con la empresa Next Energy, cosa que no pasó desapercibido ante los ojos de los dirigentes de Morena y que le valió rumores sobre su expulsión del partido. Finalmente, él mismo dejó el partido y ahora pertenece al Partido del Trabajo (PT).
En un comunicado emitido por el Gobierno de Baja California este mismo 22 de diciembre afirmaron lo siguiente: "Cabe señalar David Alejandro "N" y su cómplice, Nabor "N", son responsables de la retención ilegal de 123 millones 773 mil 10 pesos con 95 centavos, pertenecientes a las finanzas de Baja California. Este acto delictivo, detectado y perseguido activamente por las autoridades estatales, condujo a la emisión de una orden de aprehensión el 19 de enero de 2023".
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