En la tarde del viernes 12 de agosto, de pronto empezaron a aparecer vehículos incendiados por diferentes partes del Estado de Baja California y la población que viajaba en diferentes transportes de pasajeros, fueron bajados con amenazas y por la fuerza de los mismos, los cuales fueron incendiados en diferentes municipios del Estado, en donde aparte de incendiar las unidades, estas fueron colocadas para bloquear el trafico vehicular, principalmente en Tijuana, en donde el trafico vehicular cada vez se complica mas ante la incapacidad de las autoridades en turno.
El parte informativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señala que ese día fueron quemados 24 vehículos particulares y de transporte público, 15 en Tijuana, 2 en Mexicali, 3 en Rosarito, 2 en Tecate y 2 en Ensenada. Al siguiente día se reportaron 4 unidades más incendiadas en Ensenada y otra más en Mexicali.
En paralelo a estos hechos violentos, el Canal 45 de Tijuana, de la empresa PSN, propiedad ahora de Jaime Bonilla Valdez, reproduce y difunde un supuesto comunicado atribuido al cartel Jalisco Nueva Generación, en donde se habla de un “toque de queda” en donde se conmina a la población de Baja California a no salir de sus casas a partir de este viernes a 10 de la noche, porque van a levantar a todo aquel que se vea en esos días en la calle”, lo cual generó una enorme ola de temor social.
El día que se produjeron estos hechos violentos, la alcaldesa de Tijuana Monserrat Caballero, flanqueada por el secretario de Seguridad Pública Municipal y un mando militar, declara “Al crimen organizado les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”. Junto a estas declaraciones desconcertantes desde un inicio, el Ayuntamiento de Tijuana, generó un operativo municipal, en donde precisamente a las 10 de la noche, tal como se decía en el mensaje difundido por las estaciones de Bonilla, cerraron todos los restaurantes, bares y salones de esparcimiento.
Mas tarde la Gobernadora del Estado emitió un comunicado en donde decía “Condeno los hechos violentos que se presentaron esta tarde en nuestro estado. En este momento me encuentro reunida con la Mesa de Seguridad. Ya hay detenidos de responsables de los hechos acontecidos. Es importante mantener la calma, los mantendremos informados”
El sábado 13 y domingo 14 las calles de Tijuana, aparecieron vacías, ante el temor de nuevos ataques violentos y atemorizados por los mensajes difundidos primero por las estaciones de Bonilla y después viralizados en las redes sociales, los cuales habían sido difundidos en Chihuahua y en Colima.
Al ser difundidos por las estaciones del ex mini Gobernador Bonilla, tenían un claro y evidente propósito terrorista para generar temor y pavor en la población bajacaliforniana.
La confusión de los hechos se incrementa cuando el domingo en la mañana, se informa, que las 17 personas detenidas por los hechos violentos de ese fin de semana son trasladadas a la Ciudad de México. ¿Con qué propósito o bajo qué justificación legal? Son preguntas que aún están sin respuestas.
El lunes 15 de agosto, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, minimizando la violencia sucedida en el Estado, “aseguró que los hechos de violencia en Tijuana y Ensenada, Baja California, “fue más propaganda o sea quema de vehículos y otras actividades que afortunadamente no significaron la pérdida de vidas humanas” y además reprochó que la reacción de adversarios y la cobertura de medios de comunicación sin duda fue exagerada”
No habían pasado 4 horas de esta afirmación presidencial, la cual fue desmentida, por Jaime Bonilla, que presume ser gran amigo e hijo putativo del presidente, acusando, al igual que lo había hecho 3 días antes la alcaldesa de Tijuana, que “los atentados registrados el fin de semana en Baja California se debieron a arreglos incumplidos entre el gobierno estatal y los grupos del crimen organizado, calificando de Estado Fallido a la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Bonilla afirmó que “estos atentados los perpetraron debido a incumplimientos de arreglos por parte del gobierno estatal actual, considerando según el que los atentados corresponden a una venganza contra el Gobierno del Estado, ya que no les ha cumplido”. Los reporteros le preguntaron que a que grupo criminal se refería y no se atrevió a señalar a quien se refería concretamente
Comentó que dicho caso lo llevaría al Senado de la República, lo cual hizo al día siguiente, reiterando las acusaciones lanzadas el lunes en Mexicali, en donde acusa que la Gobernadora de Baja California Marina del Pilar Olmeda y el Fiscal Ricardo Iván Carpio, (quien por cierto fuel un funcionario de alto nivel en la fiscalía durante el mini gobierno de Bonilla) tienen nexos con el crimen organizado.
