Este día el Congreso del Estado de Baja California aprobó la Ley Estatal de Aguas, en una acalorada sesión, que duró más de 6 horas en la ciudad de Mexicali.
Mucho se ha hablado sobre esta Ley, la cual fuera una iniciativa hecha por el gobernador del Estado Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, y cómo esta puede representar la "privatización" del preciado líquido, según diputados opositores.
La Ley, que fue aprobada con quince votos a favor, la mayoría de ellos por la bancada del PAN, y diez en contra, entrará en vigor el próximo año.
Pero, ¿En qué consiste esta Ley?
Según autoridades estatales, esta Ley tiene como objetivo afrontar la intensa sequía que enfrenta nuestro estado en los últimos años, proponiendo la creación de mayor infraestructura, así como la modernización de organismos operadores y garantizar el servicio a la comunidad.
Dentro de las propuestas se encuentra una reestructuración en el organigrama, contemplando la creación de dos organismos reguladores, uno para la Zona Costa (Tijuana, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito); Y otro para la zona metropolitana, que comprende el municipio de Mexicali para que los distintos organismos puedan acceder a mayores recursos federales.
De igual forma, la Ley contempla, en lo que parece ser uno de los puntos controvertidos, la admisión de la industria privada, la cual podrá participar en la prestación total o parcial del servicio.
Con la justificación de "capitalizar, mejorar, ampliar y hacer mas eficientes y eficaces los servicios públicos", contempla la concesión de servicio a través de contratos por licitación o adjudicación directa de Asociación Público Privada (APP) y la concesión de los bienes necesarios para la prestación del servicio.
Esta ley, en otro de sus apartados, contraviene a los tratados internacionales y a la Constitución Federal, ya que ahora, aquellos "morosos" que no realicen el pago del servicio del agua en un lapso de 90 días serán acreedores al corte del servicio, una situación que ha generado comentarios diversos pues el "agua es un derecho universal".
Otro de los apartados, y que es donde la población del Estado ha hecho alarde de descontento, es en el aumento del 20% de las tarifas a partir del 2017, la cual año con año se actualizarán por medio de lo que autoridades llamaron "una fórmula técnica" donde consideran el factor del gasto corriente, incluyendo gastos de operación. Tarifa que se aumentará sin la necesidad de ser aprobada por el Congreso del Estado.
La tarifa doméstica o residencial mínima de Mexicali pasará de 51.6 pesos el metro cúbico en el área urbana y 49.9 en ciertas zonas ejidales, a 66 pesos y 63.8, respectivamente.
En Tijuana de 59.1 pesos el metro cúbico subirá el costo a 99.50 pesos; Ensenada de 53.8 en la ciudad y 32.2 pesos en la zona rural a 67.93 y 40.7 pesos; en Tecate de 54.7 pesos el metro cúbico a 99 pesos y en Playas de Rosarito el alza será de 81.2 a 99 pesos.
Los incrementos en tarifa se aplicarán anualmente.
En una conferencia de prensa ofrecida este día por autoridades de Cespe, mencionaron que esta ley es necesaria, así como un ajuste en las tarifas, ya que hace años que no se realizaba en el Estado.
De igual forma se comprometieron a velar por los trabajadores de las instituciones, mencionando que no habrá despidos, que solo se reasignarán los puestos para un mejor funcionamiento de la institución.
Vía La Jornada Baja California, extractos del boletín del Gobierno del Estado.
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