En México, la procuración de los derechos humanos de los ciudadanos a nivel nacional la lleva acabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La protección y la defensa de estos derechos fue elevada a rango constitucional en 1992, con la publicación del un decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias a esta disposición se facultó al Congreso y a las legislaturas de los estados para que, contemplaran establecer organismos especializados para atender las quejas en contra de actos violatorios a los derechos humanos por parte de cualquier autoridad o servidor público.
En la Constitución Política de Baja California, en su artículo 7, se establece que: "En el Estado de Baja California se acata plenamente y se asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga la Constitución." Esto es lo que da origen a la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, un organismo autónomo, cuya misión es vigilar y exigir a los servidores públicos actuar apegados a la legalidad.
Video: Entrevista con el Titular de la PDH de Baja California
En la mayoría democracias avanzadas, aparte de la confianza que tienen sus ciudadanos a las instituciones, hay mecanismos para que el sistema de impartición de justicia no necesite de una institución dedicada a 100% a la defensa de los ciudadanos ante los abusos de las autoridades. En Latinoamérica, debido a su historia de gobiernos totalitarios, el que los derechos humanos tengan integrados en la constitución ha sido visto como un gran logro, aunque todavía hay países que no cuentan con una legislación moderna al respecto.
En Baja California el ombudsman es elegido por el pleno del congreso del estado, los diputados deciden quién es la persona que tiene el mejor perfil para defender los derechos humanos de los Bajacalifornianos. Desde el 1 de Junio del 2012, el Licenciado Arnulfo De León Lavenant, funge como procurador de derechos humanos del estado. Durante la administración del Alcalde Jorge Hank Rhon fue subdelegado de la delegación municipal El Florido en Tijuana, y en después en la delegación Sánchez Taboada.
En la actual administración de la ciudad, volvió a desempeñarse como subdelegado en la Sánchez Taboada. El titular de la PDH, accedió a hablar con SanDiegoRed.com de los esfuerzos que hace la procuraduría en la defensa de los derechos humanos de los bajacalifornianos. Aseguró que la antes oscura oficina se ha modernizado, que ahora está más cerca de los ciudadanos, de las delegaciones, de la policía, y de las clínicas del seguro social.
