Estados Unidos anunció el establecimiento de una nueva zona militarizada en la frontera Tijuana-San Diego, como parte de su estrategia de seguridad en la región fronteriza con México. La medida implica que terrenos públicos del sur de California, antes administrados por agencias civiles, pasarán a ser controlados por el Ejército, lo que ha generado preocupación entre organizaciones civiles y defensores de derechos humanos por su posible impacto en personas migrantes y comunidades fronterizas.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, la decisión contempla la transferencia de aproximadamente 760 acres de tierras federales en los condados de San Diego e Imperial, al Departamento de Defensa, con el objetivo de declararlas como un Área de Defensa Nacional. Esta franja se extiende desde la frontera con Arizona hasta zonas cercanas a Otay Mountain, un punto estratégico frente a Tijuana, y permitirá la presencia permanente de fuerzas armadas, así como la instalación de infraestructuras de vigilancia y control fronterizo.
Según el gobierno de Estados Unidos, la medida tendrá una vigencia inicial de tres años y busca reforzar la seguridad nacional mediante el cierre de brechas en la frontera sur. Además, se suma a otros despliegues militares implementados en distintos tramos fronterizos, que incluyen el uso de drones, helicópteros y tecnología de monitoreo terrestre, con el fin de fortalecer la vigilancia y supervisión.
Sin embargo, la medida ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y autoridades locales. Algunos señalan que la militarización de este tramo podría aumentar los riesgos para personas migrantes, al difuminar los límites entre funciones militares y labores civiles de control migratorio.
Además, advierten que la presencia militar permanente podría afectar la vida cotidiana de las comunidades cercanas, así como limitar el acceso a zonas previamente públicas.
En este contexto, la creación de la zona militarizada en la frontera Tijuana-San Diego refleja la tensión entre las estrategias de seguridad del gobierno estadounidense y las preocupaciones por los derechos humanos y la vida de las comunidades fronterizas.
