Tras la cacería de Ubers en Tijuana, más de 400 conductores de la empresa solicitaron un amparo para que el Ayuntamiento no pueda confiscar sus vehículos y salvaguardar su derecho al trabajo.
El trámite de estos amparos fue dado a conocer por la vicepresidenta de la Academia de Derecho Administrativo y fiscal de Barra de Abogadas de Baja California, Evelia Bazán Peñaloza, detallando que el amparo protegerá a los conductores por un periodo máximo de cuatro meses.
"La garantía del trabajo es una garantía constitucional elevada a derecho humano, que en un momento dado se ve agraviado por estas actuaciones del Ayuntamiento de confiscar los vehículos, que aunque no sean propiedad de los choferes, si es una fuente de sus ingresos", dijo a El Sol de Tijuana.
La especialista que está a favor de los conductores resaltó que la suspensión temporal de los operativos, podrá ser una oportunidad para que más choferes se amparen para evitar una multa impuesta por el Ayuntamiento que, ella resalta, es ilegal e inconstitucional.
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