MÉXICO.- Adán David Ruiz Gutiérrez, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Ricardo Medina Fierro, Jaime Chris López Alvarado, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados federales priístas de Baja California, han manifestado el rechazo a los cambios en el uso de suelo del Valle de Guadalupe que se aprobó la semana pasada en el cabildo de Ensenada.
De esta manera se suman al rechazo de empresarios y productores de la localidad, ya que los nuevos lineamientos dañarán de manera irreversible la sustentabilidad de la región. Su petición va dirigida al alcalde ensenadense, Enrique Pelayo, y al Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid.
Lo que para muchos salta a la vista es que gran parte de este grupo está integrado por los diputados que votaron a favor de la reforma hacendaria, hecho por el que han sido cuestionados en innumerables ocasiones por los habitantes del estado sin recibir respuesta.
En total, Baja California cuenta con ocho diputados federales priístas, de los cuales siete han firmado este punto de acuerdo por la defensa del Valle de Guadalupe. En este grupo, la diputada Mayra Karina Robles Aguirre votó en contra de la reforma hacendaria días atrás. También destaca que el documento no está firmado por la diputada María Carmen López Segura, quien fungía como coordinadora del grupo y se presume fue removida del cargo por mostrar su rechazo a la reforma hacendaria.
¿Es una manera de buscar o recuperar el apoyo de los bajacalifornianos?
El punto de acuerdo emitido por el grupo de diputados circula en medios de información regionales y nacionales, dice a la letra :
"El suscrito, Adán David Ruiz Gutiérrez, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Ricardo Medina Fierro, Jaime Chris López Alvarado, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1 y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La región vitivinícola del estado de Baja California se ha convertido desde hace algunos años en promotor constante de la economía, tanto del municipio de Ensenada como del resto de la región, que año con año se beneficia de la importante derrama que las actividades emblemáticas de la zona generan; tal es el potencial de estos valles que en la actualidad concentran la producción de 90 por ciento del vino que se produce en México, y han logrado además atraer anualmente a más de 300 mil turistas que visitan el estado para acudir a las cada vez más concurridas fiestas de la vendimia o para realizar alguna actividad relacionada con la cultura del vino.
Aún con todo el potencial económico con el que cuenta la región, enfrenta diversas problemáticas de desarrollo y conservación que involucran desde la constante escasez de agua, hasta la falta de políticas públicas que garanticen su preservación como espacio cultural, sustentable y turístico del estado.
En un esfuerzo por generar un mayor orden y preservación de los valles vitivinícolas, diversas autoridades estatales municipales y federales acordaron en 2010 la realización de un programa sectorial que permitiera la regulación del desarrollo de la zona, dicho programa fue aprobado por las autoridades correspondientes bajo el nombre de Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Estado de Baja California, y el 15 de octubre de 2010 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, comenzando así su vigencia.
El programa en mención establece en la actualidad una serie de lineamientos que garantizan en cierta medida la protección de estos valles mediante restricciones que permiten priorizar la actividad vitivinícola y la construcción de instalaciones turísticas sustentables y de bajo impacto.
Relativo a ello, el pasado siete de noviembre el cabildo del ayuntamiento de Ensenada aprobó la expedición del reglamento al programa sectorial; este reglamento tiene su fundamentación legal en la Ley de Desarrollo Urbano, y se encuentra jerárquicamente supeditado a las determinaciones y supuestos establecidos en el programa aludido; en ese contexto, el procedimiento de aprobación y dictamen de dicho reglamento se llevó a cabo en medio de graves irregularidades que implicaron incluso una sesión a altas horas de la noche, en la que según diversas declaraciones de habitantes y productores de la zona, los integrantes del cabildo intentaron deliberadamente ocultar la determinación para votar el reglamento.
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