Esta decisión se ha tomado al considerar excesiva la entrada en vigor de las reformas que autorizan penas de cárcel a chóferes y promotores de empresas de transporte de plataformas digitales en el Estado, si no están registrados ante el Instituto de Movilidad Sustentable y Transporte.
Mediante un comunicado oficial, la empresa dio a conocer que “el decreto publicado impone penas a los chóferes y empresas que no cuenten con los permisos expedidos por el Instituto referido, llegando al exceso de incluir penas carcelarias, por tal motivo nos vemos obligados a suspender operaciones en el estado de Baja California a partir del día martes 23 de julio de 2020 hasta nuevo aviso”.
El comunicado continúa señalando lo siguiente: “Rappi es una empresa que opera en estricto cumplimiento a las leyes de todos los estados y países en los que desarrolla sus actividades; no obstante, nos parece que imponer penas carcelarias a la actividad económica es una acción que atenta con los principios constitucionales y representa una acción desproporcionada por parte del gobierno estatal “.
La empresa mantendrá actualizaciones sobre cualquier avance en las acciones que van a emprender y las soluciones que puedan ofrecer ante esta situación.
