El acelerado crecimiento de Tijuana, el desarrollo de nuevos fraccionamientos, el auge de los edificios departamentales y el exceso de vehículos en las calles están detonando un incremento constante en los conflictos cotidianos entre ciudadanos.
Ante este panorama, el Cabildo de Tijuana votó a favor de una serie de reformas en materia de Justicia Cívica, una aprobación a la que se sumó el regidor independiente Miguel Loza Ginuez para garantizar herramientas que prevengan que estos desacuerdos escalen a actos de violencia.
Las modificaciones aprobadas modernizan la administración de justicia local al alinearse con el modelo nacional, permitiendo que el gobierno municipal deje de actuar únicamente como un ente recaudador de multas y pase a operar como un mediador preventivo.
Al respecto, el regidor Miguel Loza admitió en entrevista que el Ayuntamiento carecía de registros confiables en el pasado para medir la magnitud de este fenómeno, pero que la realidad diaria de la ciudad volvió impostergable el cambio.
“No hay mecanismo anterior para recoger las quejas y denuncias; es difícil decir un dato específico”, explicó Loza.
“Pero sí puedo decir que el mismo crecimiento de la ciudad, el desarrollo de fraccionamientos, de edificios departamentales, la misma dinámica de tráfico, el exceso de vehículos… todo esto genera problemas entre los vecinos que ya son cada vez más frecuentes. Entonces, antes de que se convierta en un problema social que pueda escalar a otro tipo de cuestión como actos de violencia, se está previniendo por medio de este sistema”.
Durante su intervención en el Cabildo, Loza Ginuez enfatizó que el corazón de esta reforma radica en cambiar el enfoque punitivo tradicional.
“Cuando hablamos de Justicia Cívica, no estamos hablando únicamente de multas o arrestos. Estamos hablando de construir orden, convivencia y soluciones entre las partes antes de que los conflictos se conviertan en problemas mayores”, expresó el edil. Con este modelo, la autoridad ahora tendrá la facultad de escuchar a los involucrados, promover la conciliación y dar seguimiento a los casos”.
El nuevo sistema incorpora una visión basada en derechos humanos, lenguaje inclusivo y el uso de mecanismos alternativos de mediación para resolver las quejas más comunes en las comunidades, tales como:
- Disputas por ruido excesivo y música alta.
- Conflictos por cajones de estacionamiento y bloqueo de cocheras.
- Problemas de convivencia relacionados con mascotas y acumulación de basura.
- Daños menores a la propiedad derivados de la vida comunitaria.
