Hernández, una estudiante de secundaria, dio a luz en un escusado en abril del 2016 después de sentir un dolor agudo de espalda y estómago.
La joven, que tenía 18 años no se había dado cuenta de que estaba embarazada a pesar de haber sido violada repetidamente por el miembro de una pandilla durante varios meses como parte de una relación sexualmente forzada. Los expertos médicos no pudieron determinar si el feto murió en el útero o en los momentos posteriores al parto.
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La juez del caso aceptó las acusaciones del fiscal de que la joven no buscó atención prenatal porque no quería al bebé y lo arrojó al baño con la intención de matarlo.
A pesar de esto, la juez fue más allá y sugirió que podría no haber actuado sola y que su madre también puede ser responsable.
Según Morena Herrera, directora ejecutiva del Grupo de Ciudadanos por la Despenalización del Aborto, el veredicto se basó en los prejuicios personales del fiscal y de la juez.
"La sentencia de Evelyn por 30 años de prisión muestra cómo en El Salvador se aplica la justicia sin pruebas directas, sin evidencia suficiente que aclare las acusaciones", dijo Herrera.
El aborto fue penalizado en El Salvador hace 20 años, después de que legisladores de todo el espectro político votaran para despojar a las mujeres de sus derechos reproductivos sin ningún debate público ni consulta médica sobre las consecuencias. La reforma de 1997 fue aprobada después de una sombría campaña por un pequeño grupo de poderosos grupos vinculados a la iglesia católica.
Vía The Guardian
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